El Gobierno y sus dóciles comparsas en el Senado de la República lograron convertir la elección de la nueva magistrada de la Corte Constitucional en un sainete con profundas repercusiones sobre la independencia del alto tribunal y sobre la autonomía de sus integrantes. Los amigos de la entrega “express” de nuestras instituciones y del ordenamiento jurídico que las rige, incurrieron en toda clase de inapropiadas conductas y declaraciones que afectarán poderosamente la legitimidad de los fallos de la Corte y sembrarán dudas y perspicacias sobre la integridad de sus magistrados.

Las declaraciones del desenfadado senador Benedetti constituyen un agravio irremediable a la doctora Fajardo, cuyos votos y opiniones quedaron aprisionados entre la obligada complacencia a las Farc y la sindicación de traidora si llegare a preservar su independencia y autonomía; o, si se quiere, entre el estigma de indignidad y la condición de víctima de feroz y constante matoneo en los medios y redes sociales. La intervención del presidente, con todo el poder de constreñimiento de que dispone, confirmó una vez más la vergonzosa sumisión del legislativo al poder presidencial con la que se borra todo vestigio de la separación de los poderes en Colombia. El Poder Legislativo es ahora apéndice del poder omnímodo del Ejecutivo, y el Judicial se halla en proceso de correr con la misma suerte. 

La elección de los magistrados de la Corte Constitucional no se caracteriza hoy por la tensión entre corrientes ideológicas propias de un régimen de libertades, sino por un sostenido pulso entre quienes pretenden sustituir el ordenamiento constitucional y legal vigente y los que quieren preservar los principios que rigen el sistema democrático.

Los primeros, validos de indudables éxitos iniciales como la modificación de los requisitos y alcances del plebiscito, el robo descarado de su resultado con desconocimiento de la voluntad popular, el absurdo e inconstitucional mecanismo de refrendación para burlar la democracia participativa, la incorporación del acuerdo final con las Farc a la Constitución nacional, el cogobierno instalado en la Comisión de Verificación y Seguimiento al acuerdo con la guerrilla, la confiscación de competencias consentida por el Congreso y la expedición de numerosos decretos a manera de las leyes habilitantes del chavismo, saben necesario preservar el control de la guardiana e intérprete  de la Carta Política para culminar con éxito la demolición de nuestra democracia. Presurosos se adelantan haciendo trizas el régimen democrático antes de que otros desmonten este proceso que nos despojará de libertades, emprendimiento y capacidad de disentir.

El debate electoral girará alrededor del régimen en el que queramos vivir. Las otras banderas serán accesorias al núcleo de la contienda principal. En el 2018, si nos dejan, zanjaremos este pulso.