El proceso de desconstrucción de la institucionalidad colombiana, iniciado en La Habana hace cuatro años, se potenció con la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo 01 de 2016, que marca la penosa genuflexión de la guardiana de la Constitución ante la pretensión de omnipotencia del Ejecutivo. Con esta decisión, los magistrados borraron de un tajo los límites que resguardaban la separación de poderes en Colombia, al confirmar la usurpación de las competencias constituyente y legislativa del Congreso, con lo que entronizaron el imperio del gobierno, libre de ataduras y de control jurídico y político para obrar como le venga en gana. 

Se sumó la Corte a la contrariedad que le produjo al Gobierno la contundente decisión del pueblo colombiano con la que rechazó el gravoso acuerdo de paz de La Habana. Y lo hizo degradando los mecanismos de expresión del constituyente primario para convertirlos en procedimiento de tracto sucesivo que puede concluir con la decisión “de un órgano revestido de autoridad democrática”, para el caso, un Congreso ya despojado de su capacidad de deliberación y de su poder de libre decisión.  

A partir de ahora la expresión de la soberanía popular, plebiscito o referendo se verá sustituida por la interpretación y refrendación que de ella haga un Congreso con funciones de notario de la voluntad del Ejecutivo. Lo aprobado va más allá de una sustitución de la Constitución, representa la deconstrucción de los ´principios fundamentales que nutren un régimen democrático y que le dan vida la Constitución de 1991. 

Clausurada la vía de la revolución armada para acceder al poder, los adictos a la tiranía saben muy bien que es el reformulamiento del orden constitucional el que conduce al poder absoluto, procurando mantener las formas que simulan un régimen democrático. Así empezó Chávez y así se mantiene Maduro en Venezuela. 

En Colombia la sentencia de la Corte anticipó el comienzo del gobierno de transición propuesto por “Timochenko”, cuyo esfuerzo de desmontar el régimen constitucional se verá potencializado por el cogobierno que ahora se inicia con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. Esta Comisión, durante los próximos 10 años, constituirá la instancia decisoria determinante del ordenamiento jurídico de la Nación y de las políticas que se desarrollarán para cumplir con sus designios. (AF num 6.1 y siguientes)

Gobierno y Farc-Ep pretenden conducirnos hacia la sociedad del siglo 21 que llena de dolor a quienes la sufren y de espanto a quienes la temen.      

Nota: duele el deceso de Juan Daniel Jaramillo, de excelsas virtudes académicas e intelectuales.