El paso de los días permite develar el verdadero propósito de la minga indígena en el departamento del Cauca. Lo que en un principio se presentó como una reivindicación ante incumplimientos de anteriores gobiernos, se fue transformando en una acción política planificada que tiene por objetivo sembrar el caos en todo el territorio nacional.

Anuncian una movilización progresiva en los próximos días que termine en un levantamiento de los pueblos indígenas en todo el país. Su intención no podía limitarse a reclamaciones de tierras porque nadie mejor que ellos saben que poseen el 28% de las tierras en Colombia, a pesar de representar tan solo el 3.4% de la población nacional. Tienen el respaldo de las fuerzas de izquierda que saben que el caos es el mejor escenario para acceder al poder que los colombianos les negamos en las pasadas elecciones. Y a ellos, se suman las organizaciones criminales del narcotráfico: Eln, Pelusos, Clan del Golfo, disidencias de las Farc y carteles mejicanos, que ven la oportunidad de consolidar su control sobre toda la cadena del tráfico de la cocaína.

Y no sorprende que los autodenominados amigos de la paz concurran jubilosos en su apoyo porque han convertido la claudicación de las instituciones en norma de conducta política. El vergonzoso plantón que pretendieron algunos congresistas liberales, de la U y de los sectores de izquierda en la entrada al Palacio de Nariño, ilustra ese comportamiento. Como en Fuenteovejuna, todos a una.

Es claro que hay una agenda política en curso que pretende por medio de vías de hecho, de la violación de los derechos humanos de la mayoría de los colombianos y de la comisión de graves delitos, someter al primer magistrado de la Nación y con ello derrumbar las estructuras institucionales, validos de la impunidad que acompaña hoy a la mal llamada protesta social. Pregonan el diálogo que conducen con férrea intransigencia, mientras proceden a escalar la violencia en la región. Un escenario perfecto de monumental desgaste para quien se somete a él.

El Fiscal y el Contralor, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, han procedido a judicializar a los autores de delitos y a auditar el manejo de los cuantiosos dineros entregados a la Cric, y cuya destinación se desconoce. El presidente de la República es el responsable del orden público en el territorio nacional y de su restablecimiento cuando fuere turbado. Para ello dispone de las herramientas que le confiere la Constitución y de su condición de comandante en jefe de la Fuerza Pública. El país reclama el ejercicio de esas potestades antes de que se produzca el caos, se vulneren los derechos humanos de los colombianos y se instale la tiranía de las minorías.