LOS inventarios de lo que se recibe son altamente aconsejables tanto en las actividades privadas como en el sector público. Aseguran no solamente un corte de cuentas sobre el resultado de las actividades y políticas desarrolladas, sino también un claro deslinde de las responsabilidades que correspondan a quien entrega y a quien recibe. En el caso de la trasmisión de mando entre el gobierno saliente y el entrante, permite a éste último claridad sobre lo que merece continuidad, requiere reformas o simplemente amerita discontinuidad. Hacerlo no tiene que ser entendido como una política signada por el uso de espejo retrovisor, sino como una conducta necesaria para la buena marcha del gobierno que asume, y para la transparencia en las relaciones políticas y con la opinión pública.
Infortunadamente ello no se realizó el 7 de agosto, quizás porque la información entregada en las actividades de empalme no lo permitió, o quizás, también, por el ánimo de no prolongar la aguda polarización que presidió el cambio de gobierno y que sin embargo hoy persiste. La aceptación tácita de la herencia envenenada le ha permitido a la oposición trasladarle maliciosamente al nuevo gobierno las responsabilidades del desacertado manejo del gobierno anterior y pretender mostrase como alternativa a los errores que ellos mismos apoyaron en los ocho años pasados.
El nuevo gobierno no ha tenido período de gracia y enfrenta inmensos retos políticos, de seguridad nacional y fiscales, heredados de la administración anterior. Los problemas exigen acciones inmediatas y explican la urgencia de tramitar las reformas que se hallan a consideración del Congreso. Su trámite no será fácil, no solamente por los intereses de la oposición y de independientes, con miras en las elecciones regionales, sino también por la falta de una visión de la obra de gobierno que se halla en construcción y no permite la ejecución de una partitura homogénea por parte de ministros y altos funcionarios. El gobierno tiene a la vez que propender por la aprobación de las reformas propuestas, que se ven estancadas y exigirán enmiendas que no graven a los más vulnerables y respondan a los requerimientos ciudadanos, y por la formulación de su visión de país que permita suscribir el pacto por Colombia y concretar las reformas que ese acuerdo político requiere.
Esta tarea debe realizarse cuanto antes e involucrar principalmente a las fuerzas que convergieron en la consulta que escogió la candidatura del presidente y fueron sustrato decisorio en su elección, porque redundará en mayor fidelidad programática e ideológica de la nueva visión que cautivó a la mayoría de los colombianos y es hoy compromiso ineludible del gobierno. Una hoja de ruta así aportaría tranquilidad y demostraría coherencia y transparencia políticas.