“Su primera actuación refleja su sesgo”
No tuvo inconveniente la Comisión de la Verdad en certificar con su primera actuación las legítimas inquietudes que ha despertado el evidente sesgo político e ideológico que la caracteriza. Ese pecado original la deslegitima en el cumplimiento de la misión que se le confía de investigar la verdad en el conflicto armado y de procurar la reconciliación a la que debe apuntar su labor, porque sus resultados dependen de su capacidad de ser ajena a las injerencias políticas.
El proceso de selección de los integrantes de la Comisión afectó profundamente su independencia y dejo un sabor amargo que no convoca la aceptación espontanea de la ciudadanía y le resta el apoyo que exige el cumplimento de su mandato. Resulta claro que ninguna circunstancia define mejor a la Comisión que las personas que la componen. En este caso no parece que se reúnan las condiciones fundamentales de respetabilidad, en algunos de sus miembros, de neutralidad, en la mayoría de ellos, o siquiera de representatividad de los distintos sectores de la vida colombiana.
La primera actuación de la Comisión de solicitar la entrega de la totalidad de los archivos de inteligencia y contrainteligencia refleja ese sesgo de origen y entraña una violación intolerable a la seguridad del Estado. Esa solicitud desborda el propósito de conocer las graves infracciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, y se asemeja a las actitudes que ejercen los vencedores sobre los vencidos en los conflictos armados, o a las órdenes que se imparten a los servicios de inteligencia de estados que padecen el fin de su existencia.
Es evidente que el padre De Roux es ajeno a esos alcances. Por ello conviene saber quién o quiénes están detrás de esa iniciativa, si son integrantes de la Comisión, o personas cercanas o afines al nuevo partido político Farc. El que el presidente de la Comisión haya desistido de la solicitud inicial no es óbice para que se aclare el incidente, si el propósito es el de recuperar la confianza perdida. Nadie se explica que la Comisión haya procedido a formular semejante requerimiento sin haber adoptado previamente su propio reglamento e incorporado al mismo lo que atañe a la confidencialidad de información y archivos de la naturaleza de los que se apresuró a solicitar.
Desde la firma del acuerdo de paz ronda la inquietud que JEP y Comisión son mecanismos que el Presidente y sus negociadores concedieron a las Farc para que coincidieran la verdad histórica y la judicial. Sus malogradas integraciones parecen confirmarla y sus primeras actuaciones ratificarla. De ese sentimiento deben librarse si quieren hacer historia. Todo un aprendizaje de rigor y objetividad los espera. Ojalá así lo entiendan.