Nos parece que, al menos en cuanto a la actividad requerida sobre el proceso electoral, en términos generales tanto la Fiscalía como la Procuraduría General han venido cumpliendo una labor importante. Sin que se pueda afirmar que todo se haya hecho en materia de control, denuncia e investigación -porque, según parece, lo descubierto y divulgado hasta ahora en cuanto a compra de votos y prácticas corruptas en algunas campañas  es apenas la punta del iceberg-, debemos destacar la voluntad de los actuales titulares de esos despachos en la búsqueda de mayor transparencia y en el empeño –que debe ser nacional- de luchar contra inaceptables conductas que han terminado por mancillar no solamente el orden jurídico sino la necesaria pulcritud, inherente al concepto mismo de democracia.

Lo que resulta inconcebible es que, después de tantos años de saber cómo hacen política algunos dirigentes -porque no son todos-, no haya sido posible para el Estado colombiano erradicar las prácticas ilícitas, purificar los procesos electorales y las listas que reciben el aval de los partidos, ni deslindar la corrupción del sano ejercicio democrático. Se han dictado muchas normas, y se han proferido circulares e instrucciones del Ministerio Público, pero nada cambia, y, por el contrario, todo indica que quienes carecen de escrúpulos y de una mínima moralidad pública siguen empeñados en la trampa y la compra de conciencias.

Decíamos en reciente programa radial algo en lo que queremos insistir: no debemos permitir que políticos inescrupulosos sigan llegando por caminos fraudulentos a asumir posiciones de comando en nuestra sociedad. Los políticos, en una genuina y limpia concepción de la política y precisamente en razón del alto nivel de sus aspiraciones, tendrían que ser los abanderados que ejercieran el liderazgo en la lucha contra la corrupción.

En cuanto al Estado, está obligado a la pedagogía constitucional y a la difusión de los valores de la democracia, y tendrá que emprender campañas, con la ayuda de los establecimientos educativos y de los medios de comunicación, para formar la conciencia ciudadana. La compra y venta de votos son formas de enturbiar la convivencia y de ofender al ciudadano. Escapan a toda concepción de dignidad, acorde con una ética indispensable en cualquier competencia, con mayor razón la que lleva a la selección de legisladores y gobernantes, y tendría que imperar en una sociedad medianamente civilizada.

Han actuado Fiscalía y Procuraduría. Se espera ahora una justicia rápida y eficaz, que sancione y aplique el ordenamiento a los corruptos.

Operará, desde luego,  además de las sanciones penales, la figura de la "silla vacía",  y en algunos casos de congresistas en ejercicio, la pérdida de investidura.

Ahora bien, no solamente debería existir en el interior de cada partido o movimiento un estricto control previo sobre los antecedentes y hojas de vida de quienes aspiran al aval, que de suyo implica un respaldo y una solidaridad,  sino comisiones de ética y moralidad pública compuestas por personas ejemplares, que impidieran el acceso al aval ante la más mínima sospecha de corrupción o ante antecedentes que lleven a la desconfianza. Para los partidos la sanción política debe ser muy fuerte, y lo es según la Constitución. No puede haber reemplazo del congresista condenado, ni para el vinculado a un proceso penal. Y el sistema debería ser aún más estricto: no solamente por unos pocos delitos, sino por cualquier delito.