Las cifras sobre el “paro armado” ordenado por el Clan del Golfo en protesta por la extradición de “Otoniel” son inquietantes: más de 100 municipios de 11 departamentos, con sus calles desiertas y las puertas de las casas cerradas. “Solo pude hablar con algunas personas que se asomaban a las ventanas”, dijo el Gobernador Espinosa Oliver, de Sucre, después de visitar San Onofre y comprobar que había tropa suficiente para darle seguridad al pueblo. “Es que apenas se vayan los soldados aparecen los del Clan y castigan a los que no obedecieron al paro”, me confesó por teléfono un funcionario del lugar.

No se explica la inadvertencia de las autoridades ante la reacción anunciada de los deudos de Otoniel. ¿De qué estaba pendiente la inteligencia militar y de policía que no se dio cuenta de tremenda intimidación a más de un tercio del territorio nacional? Estamos en presencia de la más aguda externalización del poder del narcotráfico.

Cuando escribo estas líneas oigo la noticia sobre un grupo de 120 soldados y policías que erradicaban cultivos ilícitos en el área rural de Tibú, Norte de Santander, fueron secuestrados por los campesinos cocaleros y llevados a la fuerza a la base militar de Caño Indio donde los encerraron, les cortaron la luz y les negaron agua por días. No por repetida, se puede tolerar semejante desmayo de la autoridad.

¿Culpar a quién? ¿No haber copado las zonas dejadas por la Farc, en el gobierno Santos o no haber cumplido el Acuerdo de Paz, como se dice del gobierno Duque? ¿Cuánta responsabilidad le cabe a la tolerancia activa de la Rama Judicial?

Lo cierto es que observamos un debilitamiento de la autoridad legítima y una masa protestataria que todo lo cuestiona, empezando por el sistema de gobierno que nos rige.

¿Problemas en nuestra democracia o problema de nuestra democracia? Tales circunstancias han conducido a un pesimismo colectivo a pesar de las cifras alentadoras de nuestra economía.

¡Ecopetrol ha tenido el trimestre más exitoso de su historia! Esos signos de vitalidad nos deben recordar que desde la democracia hemos hecho cambios para darle más poder al pueblo. La elección popular de alcaldes y de gobernadores fue revolucionario. Aquí decide el voto del pueblo no el ruido de las armas.

Es cierto que hay funcionarios y políticos que delinquen; es cierto que hay empresarios insensibles a quienes solo les importa llenar el bolsillo de dinero; es cierto que hay policías abusivos y soldados barbaros que matan inocentes. Pero también es cierto que a grandes políticos y a grandes dirigentes se debe que Colombia sea un país capaz de recuperarse pronto de la pandemia universal.

También es cierto que hay empresarios ejemplares que crean empleo, que producen lo que necesitamos y lo que exportamos. Unos y otros impulsan a Colombia hacia la modernidad.

Es cierto, también, que son nuestros soldados y policías los que han salvado nuestras vidas y la vida democrática de esta patria nuestra. Es cierto, también, que son soldados y policías los que han defendido a Colombia y han evitado que los Tirofijo, los Timochenco, los Santrich, los Mono Jojoy, los Otoniel, hayan convertido en una cárcel de alambradas todo el suelo de Colombia. A ellos les debemos que estén hoy todos los aspirantes a la Presidencia hablando en las calles y plazas y conversando con el pueblo. Por ellos, somos libres y conservamos la fe en el sistema democrático de gobierno.