“La política se hundió y la judicial no tiene ambiente”
No han contado con suerte en el Congreso los proyectos de reforma política y a la Justicia que nuevamente intentan superar el trámite legislativo. El primero recibió pronta sepultura de manos de la ministra del Interior porque sus propuestas de listas cerradas y de paridad de género no tuvieron mayor eco entre los legisladores. Estaba condenado al fracaso porque sufría de intrascendencia, como que no abordaba los reales problemas que desde hace décadas confrontan el ejercicio de la política y los órganos electorales, que no se conjuraban con las listas cerradas y la paridad de género.
Nuestro sistema electoral que atribuye a distintos organismos las responsabilidades de preparar organizar, realizar y vigilar las actividades electorales y las de sancionar las irregularidades que las puedan afectar, ha favorecido toda clase de estratagemas para alterar la libre expresión de la voluntad política de los ciudadanos y, por consiguiente, los resultados de los certámenes electorales. El CNE, de origen estrictamente partidista, ni organiza, ni vigila los procesos electorales, ni mucho menos cuenta con capacidad para sancionar las irregularidades que puedan afectar las elecciones, porque esas competencias se hallan atribuidas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Sección Quinta del Consejo de Estado. Era una muerte anunciada.
La Reforma a la Justicia aún sobrevive a pesar de sus limitados propósitos que no tocan con las causas del desbarajuste general que afecta al aparato judicial colombiano. Ese ha sido quizás el precio a pagar para garantizar llevar a buen término el examen del Congreso. Se intenta una vez más suprimir el Consejo Superior de la Judicatura que, quiérase o no, termina convocando la solidaridad larvada de los magistrados de las otras Altas Cortes, que hasta hoy han asegurado su supervivencia. Amplía calidades y periodo de los magistrados y hace breves y discretas reformas a la acción de tutela. Se destaca la eliminación de las competencias para postular candidatos a los cargos de Registrador y Procurador que serán escogidos en concurso de méritos. Todo ello auguraba un trámite pacífico en el Congreso hasta cuando se revivió la propuesta de creación de un tribunal de aforados para el juzgamiento de los más altos funcionarios del Estado que será nuevamente motivo de cerrada oposición de los magistrados de todas las Cortes y no pasará el examen de constitucionalidad.
Pero debería aprovecharse para limitar el fuero al presidente y eliminarlo para todos los que gozan de él en óleo de impunidad, que serían juzgados bajo los mismos procedimientos aplicables a los demás ciudadanos. Desaforar sería la más alta expresión del espíritu democrático y herramienta eficiente para el fortalecimiento de nuestra democracia, e impediría convertir una prerrogativa en vehículo para la impunidad.