La campaña para la presidencia de la República se anuncia larga por la natural y

comprensible indignación que se ha apoderado de los colombianos ante el lamentable

estado de postración ética, política, social y económica que golpea a la Nación. La

corrupción ha invadido todos los espacios de la vida nacional, regional y local,

estableciendo sus cuarteles en todas las instituciones y dependencias estatales. La

sociedad colombiana se ve hoy confrontada al peligro inminente de deslegitimación

institucional que socavaría los cimientos de nuestra democracia.

Todos los ámbitos del Estado han sido invadidos: el ejecutivo, la política, la salud, la

justicia, la educación, las obras públicas, las fuerzas del orden, el sistema electoral, al

amparo de la indiferencia colectiva que acompañó el auge de una nueva y trastocada

ética pública. También floreció en el sector privado y se enraizó en las actividades

cotidianas de los ciudadanos. Los principios y valores se vieron opacados y dieron paso

al “todo vale” como elemento inspirador de la ética social y de la actividad personal. No

extraña entonces que se multiplicaran los escándalos que hoy repudia una ciudadanía

agobiada y hastiada de tanta inmoralidad.

Y a la corrupción le sumaron la impunidad que subyace a lo largo de todo el texto del

acuerdo final con las Farc. No habrá justicia porque la consecución de la paz

supuestamente exigía participación política de los responsables de delitos de lesa

humanidad y graves crímenes de guerra y conversión del narcotrafico en delito conexo al

político. No habrá verdad porque ella se desvanecerá en las declaraciones colectivas de

los miembros de las Farc o corresponderá a relatos forzados de civiles y militares para

acogerse al régimen de un tribunal de justicia, arquitecto de impunidad general. No habrá

reparación de las Farc a sus víctimas, porque ella correrá a cargo del Estado. Y como

consecuencia no habrá garantías de no repetición.

Para imponer semejante claudicación violaron la Constitución, sometieron la

independencia de los poderes judicial y legislativo y se burlaron de la voluntad popular

expresada en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Se hace necesario derrotar al régimen que tolera la corrupción, consiente la impunidad y

permite la inseguridad, dispensador de beneficios a sus áulicos e insensible a las

dificultades de vida de los ciudadanos. Credibilidad y autoridad serán fundamentales

para rescatar los principios y valores que informan la cultura de lo lícito y para recibir el

mandato de hacerla realidad. No la encarnarán los usufructarios del gobierno de hoy por

más que cambien de ropaje o intercambien coscorrones con los gobernantes de la

vecindad.