La reciente decisión de tres miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, llamando a indagatoria al expresidente Uribe, confirma el lamentable estado de nuestra justicia. Y no porque se trate  del dirigente político más relevante de las últimas décadas, amado por muchos y odiado por otros, sino porque es el resultado de un decaimiento progresivo de la Justicia que ha perdido majestad, imparcialidad y credibilidad. Los jueces ya no hablan a través de sus sentencias, sino por medio de las filtraciones de sus autos y de todos los elementos probatorios, burlando la garantía de la reserva sumarial e ignorando el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Parecen administrar justicia violando el debido proceso, sometiendo al escarnio mediático a sus víctimas, prohijando denuncias temerarias o tutelatones que sustenten decisiones que aparecen sesgadas por un pernicioso propósito político. 

En el caso del expresidente Uribe corrió primero el rumor intimidatorio para dar paso al auto de llamado a indagatoria, que ya se encuentra en las mesas de trabajo de todos los medios de comunicación, acompañado de todas las piezas procesales, que ya no serán controvertidas en el escenario del debido proceso, sino en el marco de una  especie de circo romano, en el que el desenlace buscado es el sacrificio del indiciado. 

Noble el gesto del expresidente de renunciar a su curul pero ineficaz y contraproducente porque la batalla es política y el mejor escenario para ello es el Congreso de la República. La izquierda le suma al odio que profesa por quien combatió con éxito a la subversión, el propósito de recuperar en la tormenta que desata lo que perdió en las urnas. Es una estrategia para enervar la acción del nuevo gobierno, para que se le dificulte la gobernabilidad y con ello la transformación de un país que tendrá que comenzar con la reforma de la justicia, en la que no se puede olvidar los dos intentos recientes, fallidos por la excesiva pretensión de privilegios y canonjías de los más altos operadores judiciales. 

Vendrá también la reforma de la política y del régimen electoral, el combate contra la corrupción, que no se gana con referendos con pobres contenidos pero impregnados de torvos alcances políticos, la modernización del Estado, la recuperación del territorio y el final de bandas y organizaciones delictivas y de facciones con pretensiones subversivas alimentadas por el narcotráfico. En síntesis, lo que teme una oposición que ya anuncia recurrir a todos los medios de lucha que les pueda brindar la legalidad que usufructúan y la ilegalidad que consienten.

No dimensionan que el presidente Duque será un gobernante tranquilo y firme que tiene claridad sobre el destino de Colombia y capacidad de forjarlo.