La diferencia del grado de escolaridad entre jóvenes del campo y la ciudad es preocupante. En promedio, la población urbana mayor a 15 años tiene cuatro años más de educación que la población de la zona rural. Es decir que cuando un joven de una ciudad termina de cursar la secundaria, un joven del campo apenas está completando la primaria.

El hecho no es aislado. Un menor grado de escolaridad está relacionado con menores ingresos y a su vez con mayores tasas de pobreza. Mientras en las ciudades el 11.4% de la población se encuentra en situación de pobreza, en el campo la proporción asciende a un alarmante 36.6%. En este contexto es difícil que un joven del campo viva en mejores condiciones que su padre. La baja escolaridad es un impedimento para la movilidad social.

El 39.4% de los jóvenes rurales de 16 a 17 años no están vinculados al sistema educativo según la Misión para la Transformación del Campo. Las principales causas tienen que ver con la necesidad de los jóvenes de dedicarse a trabajar en lugar de estudiar, a la falta de interés que ven en el sistema educativo y a los costos en los que deben incurrir para asistir a las escuelas.

En las regiones es frecuente escuchar a padres de familia reclamando por la falta de rutas y alimentación escolar adecuada para sus hijos. Varios municipios a nivel nacional, transcurrido el primer trimestre del año, no han logrado adjudicar la licitación para las rutas y refrigerios escolares.

El municipio de Rovira, en el Tolima, es uno de ellos. Para abril de este año, ninguno de los estudiantes de las tres instituciones educativas en las 26 sedes, contaba con transporte escolar para movilizarse. La alcaldía del municipio declaró desierto el proceso licitatorio. Las elevadas exigencias para la prestación del servicio se volvieron imposibles de cumplir para las empresas.

Como alternativa, la alcaldía de Rovira decidió gestionar recursos y otorgar subsidios de transporte a los padres de familia. Sin embargo, la baja bancarización de los habitantes del municipio y la demora en el giro de los recursos han sido un obstáculo para que la medida se implemente. Los estudiantes siguen sin transporte escolar.

Es necesario revisar las normas que regulan la prestación del servicio de transporte escolar en zonas rurales. Para las administraciones municipales las normas fueron estructuradas sin tener en cuenta las condiciones de la ruralidad del país.

Se vuelve complejo que un proceso licitatorio encuentre empresas de transporte escolar, en un contexto donde apenas el 25% de las vías terciarias del país se encuentran en buen estado y en donde las exigencias a las empresas incluyen elevadas pólizas de responsabilidad civil que pocas aseguradoras están dispuestas a vender.

Sumado a la falta de transporte escolar, los estudiantes de Rovira tampoco cuentan con alimentación escolar. Según la Alcaldía, el contrato está en cronograma de adjudicación y próximo a formalizar acta de inicio. Sin embargo, el plan de priorización deja a varias sedes y escuelas por fuera del plan de alimentación.

El panorama es desalentador. Los jóvenes en zonas rurales no solo tienen que lidiar con las condiciones socioeconómicas adversas, sino también con regulaciones rígidas y con la baja ejecución y coordinación de las alcaldías municipales y gobernaciones.

Es necesario repensar otras soluciones como la autoconstrucción de vías terciarias y estrategias alternativas de movilidad como las caravanas en bicicletas para los estudiantes. La comunidad debe contar con recursos y capacidad para velar por su propia infraestructura y transporte.

Un gobierno del Centro Democrático tiene la clara convicción de trazar una ruta clara que incentive y mejore el acceso de jóvenes del campo al sistema educativo.