Petro ha dado inicio a la campaña presidencial del 2026. Entiende que ante los pobres resultados de su gestión de gobierno debe trasladar el foco de interés hacia la prematura campaña en la que se desenvuelve mejor y se presta para confrontaciones ideológicas que oculten el desastre de su gobernanza. Quiere sembrar el espejismo de que las reformas no pasarán por la coyunda de la oposición. Opta por un campo de batalla en el que se siente más a gusto y que le permite trasladar responsabilidades a propios y adversarios y asomar nuevas y siempre difusas esperanzas.

Radicaliza su discurso de odio y apresura acuerdos con los grupos armados ilegales, que agradecerán el debilitamiento de la fuerza pública, no solamente por la inacción forzada de su accionar, sino también por su desarme en razón de la ruptura de los contratos de provisión de armamentos y capacidades de inteligencia. Las consecuencias no se hicieron esperar, como lo demuestran el crecimiento continuo de los grupos armados y el aumento de sus acciones bélicas violatorias de ceses al fuego pactados, sin consecuencia alguna sobre las negociaciones en curso con cada uno de ellos.

Por el contrario, se firma con el Estado Mayor Central un “Acuerdo Especial sobre Transformaciones Territoriales en Caquetá, Meta y Guaviare”, que contiene más de 50 acciones y actividades de carácter inmediato para impulsar la paz, que no puede entenderse sino como un convenio de cogobierno en los territorios bajo el control de los grupos armados ilegales. Se suma a lo acordado con el Eln para modificar el régimen político, económico y social y a las cuantiosas prebendas dispensadas a las guardias indígenas y campesinas para que colaboren en el control territorial y aseguren su movilización a las ciudades en respaldo al gobierno. Todo ello, en el marco de la permisión del reclutamiento forzado de menores de 15 a 17años convenido en el marco de las negociaciones. Se capitula para empoderarse.

El proyecto de ley del transfuguismo de los parlamentarios fortalecerá al petrismo con miras al 2026 y provocará el derrumbe de los partidos que a ello se presten. Todo se ejecutará en medio de los pérfidos ataques a la libertad de prensa, de la estigmatización del sector privado, y se acompañará de amenazas de extorsión a las autoridades locales y regionales en las asignaciones de recursos para sus obras primordiales. Radicalizar el discurso contra las instituciones que no ha logrado coaptar, como ya empezó a hacerlo con el poder electoral, desplazará cualquier examen de los resultados negativos del cambio ofrecido.

La respuesta no debe ser la del dialogo improductivo en el que insisten empresarios y gremios a pesar de las evidencias que demuestran su inutilidad, y con el que se dificulta aún más la construcción de una narrativa que seduzca y convoque las mayorías en Colombia. Los errores y calamidades éticas y programáticas del gobierno deben propiciar una alternativa que nos reinserte en el caudal de esfuerzos en el que las libertades y los derechos que de ellas se deprenden determinen instituciones, políticas y programas que tornen en realidad la nueva era a la que el mundo aspira. Constituye una urgencia vital a la que debemos responder.