En marzo de este año ocurrió una de las peores catástrofes ambientales en la historia del país. En el Magdalena medio, a unos 220 metros del pozo Lizama 158 operado por Ecopetrol, se produjo el afloramiento de más de 550 barriles de petróleo. 

El derrame alcanzó una mancha de más de 22 kilómetros. Las aguas de la quebrada La Lizama, Caño Muerto y el río Sogamoso se vieron afectadas e inclusive las aguas del río Magdalena amenazadas.

Las consecuencias ambientales y sociales han sido dramáticas. Más de 2.000 animales muertos, cuerpos de agua contaminados, miles de árboles manchados y un daño irreversible al ecosistema. Sumado a las más de 50 familias que fueron reubicadas debido a la contaminación a la que fueron expuestas y a la afectación de sus actividades pesqueras.

Sin embargo, la tragedia había sido advertida. Casi anunciada. La Contraloría en el 2016 le había formulado una serie de hallazgos de incidencia administrativa a Ecopetrol. Se advirtieron irregularidades en el abandono de pozos por parte de la petrolera en la región de Lizama-Nutria, lugar donde ocurrió el afloramiento.

Según la normatividad vigente, los pozos inactivos deben ser taponados y desmantelados de manera inmediata. Es una actividad imprescindible y obligatoria para la conservación ambiental. Sin embargo, Ecopetrol no llevó a cabo estas acciones argumentando falta de presupuesto.

De la tragedia preocupan varias cosas. La primera, es la aparente intención de minimizar responsabilidades. Para Ecopetrol, las causas probables van desde una falla en la integralidad de los revestimientos del pozo hasta una alteración en los niveles de presión por movimientos telúricos. Es decir que la fractura de un tubo o un temblor fueron los responsables de afloramiento de crudo.

La segunda, tiene que ver con las demoras que hubo en la adopción del Plan de Contingencia y en informar a la Autoridad Ambiental sobre la gravedad de los hechos. El proceso sancionatorio por parte de la autoridad inició 25 días después del derrame, aun cuando la advertencia hecha por la Contraloría se había hecho hace años.

También preocupa la aparente intención de subestimar la tragedia. La comisión de la ONU, que estuvo apenas durante dos semanas en el área afectada, afirma que los daños son de dimensión “media” y que el proceso de recuperación tardaría solo un año.

Sin embargo, la contingencia para otros especialistas resulta irreversible y grave. Las aguas de caño muerto y la quebrada La Lizama tienen importantes funciones en el proceso reproductivo de peces y como corredor natural para varios animales. Resulta poco probable que los cuerpos de agua, contaminados con mercurio y plomo, se recuperen en el plazo de un año.

Finalmente, preocupa la posibilidad de que se repitan otros afloramientos de crudo, dada la advertencia hecha sobre otros pozos de la zona.

Es necesario repensar el papel de las instituciones que velan por la protección del patrimonio ambiental y la biodiversidad de nuestro país. Iván Duque y el Centro Democrático proponen desburocratizar y despolitizar los órganos de control y corporaciones ambientales. La promoción de la legalidad, con sanciones ejemplares, es un asunto central.

Se debe recuperar la confianza de las comunidades en proyectos productivos, invitándolas a que se involucren en el desarrollo de estos. Nuestra apuesta es conservar produciendo y producir conservando.