“Convirtieron en estigma la humana condición de creyente”
El proyecto de referéndum sobre la adopción suscitó un amplio debate caracterizado por posiciones radicales, alimentadas muchas veces por “posverdades”, cuando no por la sistemática desfiguración de los fundamentos y propósitos que lo animaban. Debatir el concepto de familia consagrado en la Carta Política y la protección que le es otorgada, tenía que provocar una álgida controversia que recogiera las posturas encontradas que sacuden al país.
El debate no escapó a los diferendos que se desataron como consecuencia del acuerdo de paz y de su implementación. El mecanismo de participación ciudadana se vio inmerso en el proceso de despojarlo de su naturaleza decisoria obligatoria. Se adujo que el tema de la adopción no podía someterse a referendo porque afectaba un derecho fundamental, como si la adopción por parejas monoparentales o por personas solteras tuviera esa naturaleza, cuando ella afecta los derechos prevalentes de los niños y las características que la Constitución le atribuye a la institución fundamental de la familia. Por el contrario, la sentencia de la Corte Constitucional que afectó la integridad del concepto de familia sí constituye una indebida sustitución del artículo 42 de la Carta que amerita la consulta al pueblo para que se pronuncie sobre un tema que afecta la célula fundamental de la sociedad colombiana. La delegada de la Procuraduría de Carrillo expresó con claridad meridiana el nuevo concepto de familia que se nos quiere imponer, al sostener en el curso del debate que una familia “no es más que un concepto jurídico”; y agregó sin inmutarse: “Cuando una comunidad de personas decide llevarse un niño para darle amor, solidaridad y respeto, ahí podemos encontrar una familia”.
Nada más extraño a la norma constitucional que dispone que la familia “es el núcleo fundamental de la sociedad” y “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”
Y no contentos con ello, gracias a una perversa interpretación del Estado laico, convirtieron en estigma la humana condición de creyente, en abierta violación de las garantías constitucionales de libertad de conciencia y de cultos y de expresar, difundir pensamientos y opiniones, derechos que aún consagra nuestra Constitución y sin los cuales no sobrevive la democracia.
Solo los incautos o los mermelados, constreñidos por la orden presidencial de negar el proyecto de referendo, se vieron obligados a ignorar que con su actitud entronizaban nuevamente la pretensión de incorporar la ideología de género en nuestro ordenamiento jurídico. La imposición o rechazo de un nuevo régimen construido en connivencia con las Farc será el tema prioritario de las elecciones del 2018.