“Farc se apropian de la verdad y de la justicia”
De todas las capitulaciones materializadas por el Gobierno en el acuerdo de paz con la Farc, la que mayor conmoción suscitó fue sin duda la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz” (JEP), Suprema, Autónoma e Intemporal, encargada de conocer y juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, y a sus máximos responsables. Su capacidad para revocar los fallos ejecutoriados, judiciales, disciplinarios y fiscales, dictados por las Altas Cortes, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, y para dictar sentencias inapelables sin que sus magistrados sean objeto de control alguno, despertó el temor ciudadano de verse sometido a los dictados de un poderoso Leviatán que dispondría a su antojo de la libertad de los colombianos.
Quiso el gobierno disminuir la aprehensión de las gentes con la constitución de un Comité de escogencia de los futuros magistrados, en el que tuvieren asiento mayoritario ciudadanos extranjeros, con la prédica de que los elegidos serían prenda de imparcialidad. Los comisionados extranjeros, sin excepción, resultaron haber sido miembros o haber mantenido estrechas relaciones con las ONG internacionales de clara orientación izquierdista, y los nacionales, caracterizados por una mal disimulada inclinación ideológica semejante a la ostentada por aquellos.
A pesar de ello, el buen ciudadano mantuvo la esperanza en que el trabajo del Comité garantizara la imparcialidad de los magistrados designados para integrar la JEP. No fue así. Las personas escogidas en su inmensa mayoría provienen de las más radicales ONG afines y simpatizantes de la Farc, o sirvieron de asesores del gobierno en la negociación habanera, o pertenecen a organizaciones sociales y partidos cercanos al socialismo del siglo 21. Todos coinciden en justificar la rebelión y en atribuir la responsabilidad del conflicto al Estado y a la sociedad colombiana. Resulta imposible encontrar huellas siquiera de imparcialidad y pluralismo en la integración del Tribunal de Paz y de sus Salas de decisión, lo que provocará su temprana deslegitimación.
No podía ser distinto porque para asegurar que la verdad judicial y la histórica coincidan y respondan a la interpretación y narrativa que habrá de elaborar la Comisión de la Verdad, se tiene que garantizar la identidad ideológica de los integrantes del Tribunal y de la Comisión. Con ello, la Farc cierra su victoria política, porque se apropia de la Verdad y también de la Justicia, imponiendo la legitimidad de la rebelión, la impunidad para sus crímenes, y sentencias privativas de la libertad para sus adversarios. La conversión de victimarios a víctimas reparará a guerrilleros y milicias con amnistía y castigará a soldados y empresarios con humillación y venganza. Hará trizas el principio de no repetición.
Hasta Vargas Lleras se espantó.