Para nadie es un secreto que durante la negociación en La Habana la Fuerza Pública se vio obligada a disminuir significativamente sus operaciones militares. Esa inanición se tradujo no solamente en tranquilidad para las unidades de las Farc, sino también en la indefensión de la institucionalidad en los territorios afectados y en la permisividad de la siembra de cultivos de coca que alcanzó un crecimiento exponencial. Se auspició así el auge de las actividades ilegales: narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando, que hoy practican las disidencias farianas, el ELN y las organizaciones criminales de todo pelambre. Así, la paz de Santos se convirtió en infierno para la población civil y en temor y desaliento de soldados y oficiales acosados por los Colectivos de Abogados ante jueces y tribunales poco versados en el conocimiento de las reglas aplicables a las operaciones militares.
El resultado no pudo ser peor: ausencia del Estado, con presencia además de poderosos carteles mejicanos que desafían la seguridad nacional. El Gobierno del presidente Duque y su cúpula militar iniciaron el proceso de recuperación y control de los territorios, que comprendió nuevas directrices para las operaciones de la Fuerza Armada. Y ahí fue Troya. El New YorK Times publicó un artículo, supuestamente basado en documentos y testimonios del ejército colombiano que no develó, alertando que las nuevas directrices estimulaban la reaparición de los “falsos positivos”. De nada valió la publicación completa, en aras de la transparencia, de los documentos sobre operaciones militares encaminados a recuperar seguridad y soberanía en esas regiones, porque ellos se vieron inmediatamente desfigurados por los autodenominados “amigos de la paz” que pretenden convertir a las fuerzas militares en organizaciones de corte policial.
Rodo parece corresponder a una acción concertada dirigida a desmoralizar a las Fuerzas Militares y de paso a fortalecer la moción de censura contra el ministro de Defensa. Es otra vez la expresión de la combinación de todas las formas de lucha que alternan con protestas por no ser llamados a rubricar acuerdos nacionales para la recuperación de la seguridad y tranquilidad ciudadanas. Apuestan a paralizar la acción militar contra todas las organizaciones terroristas porque ven en ello el mejor instrumento para derruir la institucionalidad democrática. Esta vez con el respaldo de la izquierda estadunidense que no alcanza ni siquiera a visualizar las consecuencias de sufrir un régimen socialista.
Llevar la institucionalidad a todos los territorios es compromiso ineludible de este gobierno y herramienta indispensable para el respeto de los derechos humanos, sin los cuales no existe legitimidad democrática. En esa tarea debe perseverar el gobierno, así no le guste a Vivanco, ni a sus amigos de la oposición. Es, sin duda, el mejor camino hacia la paz.