El acuerdo de paz con las Farc contiene los términos de la deshonrosa capitulación del Gobierno ante una organización criminal dedicada al terrorismo y narcotráfico. Nadie entiende que el Gobierno haya permitido la sustitución de la Constitución del 91 con la introducción de las normas del acuerdo que hoy, además, se convierten en parámetro obligado de interpretación de la Carta Política. Santos, De la Calle y Jaramillo entregaron en La Habana lo que no se había perdido en el campo de batalla. 

La pieza maestra de la obra de orfebrería de Timochenko y sus secuaces es, a no dudarlo, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, porque ninguno de esos principios será exigible a los comandantes guerrilleros. El Sistema, estructurado alrededor de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, consagra impunidad plena para los vencedores en las negociaciones y entroniza como verdad histórica la que radica en la exclusión social la fuente del conflicto y la causa de la victimización de quienes lo padecieron. Con su firma, el Presidente, De la Calle y Jaramillo deslegitimaron al Estado Colombiano. 

La Comisión dictará la Verdad del origen, desarrollo y desenlace del conflicto y la JEP impartirá absoluciones a los comandantes y penas de deshonra y reclusión a los soldados de Colombia y a todos los civiles que sean tildados de herederos del paramilitarismo. Los unos constituirán partidos políticos y gozarán de elegibilidad, sin importar la naturaleza de sus delitos, y los otros purgarán sus culpas en las mazmorras, sin importar su inocencia o el grado de responsabilidad en los crímenes, que se les imputan, en muchos casos con auxilio de testigos falaces. 

La JEP actuará como tribunal revolucionario, con total supremacía sobre todos los órganos de justicia existentes, sin controles, ajeno a toda rendición de cuentas e intemporal porque a semejanza del Ave Fénix podrá resurgir de sus cenizas. Contará con el auxilio de su propia Fiscalía, y sus magistrados escogidos, al igual que los Comisionados, por ciudadanos en mayoría extranjeros y de claros perfiles mamertos, asegurarán la coherencia ideológica, y sus fallos, inapelables, también serán inmunes a la tutela. 

En días pasados tuvimos un inquietante anticipo de la actuación de la JEP con el comportamiento arbitrario e ilegal de su Secretario General, contratista de la ONU, que se abrogó competencias judiciales y condicionó la entrada a la JEP de opositores políticos a la aceptación de delitos. No tiene alternativa distinta a la renuncia a su cargo. Es una alerta temprana que la ciudadanía no puede pasar por alto.