“Desaforar sería la más alta expresión del espíritu democrático”

Las investigaciones adelantadas contra congresistas y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia por la comisión de delitos incompatibles con la dignidad y responsabilidades propias de sus funciones, plantea el debate sobre la necesidad del fuero que hoy se extiende a numerosas instituciones y comprende a sus más altos servidores.

El fuero es una prerrogativa que cobija a determinados servidores públicos en virtud de las instituciones, a cuya cabeza se hallan y que persigue como finalidades las de mantener el equilibrio de poderes y proteger a sus más encumbrados servidores de eventuales acusaciones y juzgamientos temerarios o arbitrarios.

Los numerosos encausamientos de congresistas por delitos de extrema gravedad y las recientes investigaciones abiertas contra tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que podrían ser el anticipo de una eventual hecatombe ética en las Altas Cortes, han convertido en irrisorios los fines atribuidos a esta institución. La controversia suscitada por la creación de un tribunal de aforados para investigar a los funcionarios con fuero, que desató la propia Corte Constitucional resolviendo que entrañaba una sustitución a la Carta Política, dejó en la opinión la percepción de que el fuero se ha convertido en instrumento de impunidad.

La propuesta de revivir el tribunal de aforados es tan solo una cortina de humo que esconde la ausencia de voluntad para enfrentar el problema. De antemano se sabe que la iniciativa no pasará el examen de constitucionalidad, sea porque la Corte ratifique su tesis de sustitución de la Constitución, sea porque igualmente insista en que lo aprobado vía “fast track” debe guardar estrecha relación con lo dispuesto en el acuerdo de paz.

Son los propios beneficiarios del fuero los que lo han hecho trizas. Todavía resuena el eco de las amenazas proferidas por el anterior fiscal general de llamar a la Rama Jurisdiccional a una insurrección por el tribunal de aforados, o contra cualquier institución competente para investigarlos, así como la movilización de magistrados de las Cortes enarbolando banderas y pancartas. Es imperativo restablecer la majestad de la Justicia y su credibilidad, fundamentos indispensables a la legitimidad del Estado Social de Derecho.  Con excepción del presidente de la República, para quien el fuero se justifica por actos y decisiones en ejercicio de sus funciones, todos los demás, hoy cobijados por ese instituto jurídico, deben responder y ser juzgados bajo los mismos procedimientos aplicables a los demás ciudadanos, para no ser presas en el ejercicio de sus funciones de la tentación, hoy evidente, de convertir una prerrogativa en vehículo para la impunidad.

Desaforar sería la más alta expresión del espíritu democrático, hoy presente en muchas democracias, y herramienta eficiente para el fortalecimiento de la nuestra.