No era difícil predecir el resultado de las elecciones que tuvieron lugar el domingo pasado en Venezuela. El desenlace de las mismas estuvo claramente determinado por un proceso sistemático de coerción, intimidación y manipulación que deslegitima su resultado y constituye seria advertencia sobre las habilidades de los regímenes dictatoriales de izquierda para barnizar su autoritarismo con pinceladas simuladoras de libertades y garantías democráticas. Asesorados por Daniel Ortega, el mayor experto en la materia, Maduro y su cuadrilla supieron llevar a una errática y confundida oposición a participar en una competencia cuyo resultado ya estaba predeterminado.
Ninguna de las garantías de un proceso electoral democrático estuvo vigente. La autoridad electoral por su composición, antecedentes y disposiciones regulatorias del proceso, no satisfacía las más elementales condiciones de imparcialidad y credibilidad. Apéndice del gobierno, obedeció todas las pretensiones del ejecutivo y avaló todas sus arbitrariedades: la detención e inhabilitación de los principales líderes opositores, los cambios intempestivos de la normativa electoral, el uso y abuso de los recursos estatales, la intensa coerción a los votantes, con la compra de sufragios y la intimidación a los electores.
Con todo ello, y habiendo prohibido la presencia de observadores internacionales calificados e imparciales, configuraron un certamen electoral carente de toda legitimidad y viciado desde su origen. Nadie podía confiar en sus resultados, máxime cuando el poder legislativo había visto sus funciones usurpadas por una Asamblea Constituyente espuria. Ese conjunto de falaces conductas llevó al Secretario de la OEA Almagro a expresar que “se ha consolidado un régimen dictatorial e ilegitimo en el país” y que “la Secretaría General de la OEA entiende que la democracia en Venezuela fue eliminada”. Y tiene autoridad para decirlo porque la OEA ha conducido con imparcialidad, autoridad y eficiencia las observaciones electorales que en el hemisferio han permitido el retorno a la democracia y la consolidación de ella en los países que han solicitado su presencia.
Bajo la mirada desatenta de unos y la complicidad de otros, se ha producido un derrumbe democrático en Venezuela que puede servir de modelo para reproducirlo en otros países, y especialmente en aquellos que se encuentran en la mira de los intereses estratégicos del régimen cubano que entiende que su supervivencia está condicionada a la existencia de otras “Venezuelas” en el hemisferio.
En Colombia la cooptación de los poderes Legislativo y Judicial por el Ejecutivo, que le ha permitido la construcción de un cogobierno con el nuevo partido Farc, y la pretensión perversa de inhabilitar candidatos opositores por la vía de sentencias judiciales, aunada a la consentida presencia de efectivos militares cubanos en el territorio nacional, debe alertar a los colombianos sobre el peligro de “venezonalización” que nos acecha.