El atentado terrorista realizado en la Escuela General Santander marca un punto de inflexión en la situación de inseguridad que afecta al país. Representa la herencia nefasta de una paz que implicó la capitulación del gobierno de Santos y permitió consagrar impunidad para los delitos de lesa humanidad.

Paz incierta que ha naufragado en medio de la desidia de esa administración de recuperar la presencia del Estado en todo el territorio nacional, de permitir, cuando no auspiciar, el aumento de los sembríos de la coca que ha fortalecido a todas las organizaciones criminales, incluidos los carteles internacionales de la droga, que hoy controlan cultivos ilícitos minería ilegal y la vida de comunidades en los territorios entregados al imperio del delito.

Todo ello ha estimulado el escalonamiento de los ataques, asesinatos, extorsiones y secuestros que se han venido multiplicando en el país y con los cuales se pretende formular desafiante reto al liderazgo del presidente Duque y a su capacidad para imponer el imperio de la ley y recobrar la seguridad para todos los colombianos.

El Presidente ha actuado pronta y acertadamente. Dejó claro en su respuesta que será todo el Estado colombiano el que combatirá la delincuencia y el terror y que no habrá impunidad para los victimarios, como ocurrió con los máximos responsables y ejecutores del atentado al Club el Nogal. Declaró un duelo nacional y convocó la unidad de los colombianos porque entiende que están amenazadas la vida y la integridad de los ciudadanos, y con ellas la vigencia y continuidad de la democracia. Contrasta su liderazgo firme y sereno con el silencio generalizado de la izquierda opositora que sigilosamente pretende ocultar la perfidia de organizaciones terroristas que se autocalifican de insurgentes para pervivir en espera y al amparo de acuerdos similares al obtenido por las  Farc.

La eficiente tarea de la Fiscalía permitió en menos de 24 horas la identificación del ELN como responsable del acto terrorista y el encausamiento de los miembros de su Dirección Nacional -Coce-. Ha llegado el momento de aportar claridad a la política de seguridad nacional que debe fundarse en una clara caracterización de todas las organizaciones delincuenciales que se nutren del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, secuestro y extorsión y que siembran la muerte en el territorio nacional.

Todas ellas deben ser enfrentadas, sin contemplaciones, con los instrumentos legales aplicables a su naturaleza terrorista. Es apenas la consecuencia del deber constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos y asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos, que no puede satisfacerse sino haciendo prevalecer el orden legal de la democracia. Colombia le agradecerá al presidente Duque lograrlo y garantizarlo. 

Paz en sus tumbas a los héroes caídos.