LA tímida pero necesaria corrección aportada por la Corte Constitucional en procura de la independencia y legitimación de las decisiones del Congreso, tuvo como inesperadas respuestas la de la reafirmación del Legislativo en su “capitis diminutio” y la del quebrantamiento del orden institucional con su descompuesta decisión de ignorar la sentencia de la Corte. Igual postura asumieron los dirigentes de las Farc, reclamando la sustitución de la institucionalidad por otra confeccionada a la medida de sus pretensiones.
La decisión de la Corte revivió las apocalípticas predicciones con las que los furiosos defensores de la entrega de las instituciones del Estado a las Farc pretenden intimidar al ciudadano colombiano, y disparó las expresiones de intolerancia con las que estigmatizan a quienes señalan los peligros que entrañan la sustitución del régimen constitucional y la demolición de las instituciones que lo soportan. Acuden nuevamente a la amenaza del retorno a la guerra, acompañándola de feroz matoneo a sus contradictores e impregnándola de una estigmatización sistemática de las opiniones políticas y de las creencias religiosas de quienes son señalados como enemigos de la paz y fanáticos religiosos.
No contentos con descalificar y vetar a quienes no se someten a sus postulados ideológicos, demonizan a los que practican las libertades de culto y de conciencia, imprimiéndoles estigma injustificado con el fin de descalificarlos para conducir los destinos de la sociedad y del Estado.. Y esa llamada tolerancia es orquestada por unos medios de comunicación tan mermelados como los dirigentes de partidos políticos que agonizan por razón de la corrupción y de la intrascendencia ideológica y programática de sus cabecillas.
En ese desvalorizado escenario tiene la osadía el señor De la Calle de afirmar que la implementación del acuerdo de paz constituye para el Estado y los ciudadanos un compromiso ético porque fue suscrito por el Ejecutivo y refrendado por el Congreso, olvidando que fue rechazado por el pueblo a pesar de las mañas que imperaron en el plebiscito para acomodarlo a una fácil victoria que no se produjo. Que lejos nos encontramos de las reiteradas manifestaciones de guerrilla y Gobierno de acatar las decisiones de la Corte y la voluntad popular. Se robaron el plebiscito y pretenden deslegitimar a la Corte porque pueblo y magistrados hicieron uso de los poderes autónomos que les confiere la democracia.
De la mano del Gobierno, de las Farc y de sus áulicos, transitaremos el camino de la ilegalidad para imponer un nuevo régimen que construya su legitimidad con la voluntad omnímoda de los dirigentes de esa tenaza, provista de todos los instrumentos para lograrlo. Estamos, sin percatarnos aún, en el umbral de la dictadura.