“Nefastas consecuencias de lo pactado en La Habada”

La implementación del acuerdo de paz revela a los colombianos las reales dimensiones de lo pactado y las nefastas consecuencias que se derivarán para el país. 

Es evidente el caos promovido mediante regulaciones gubernamentales que entronizan el desorden y la vulneración del legítimo ejercicio del principio de autoridad. Sus demoledores efectos son resentidos por las autoridades vulneradas en su capacidad de cumplir con los deberes a su cargo.

Ya se oyó la protesta unánime de los alcaldes de las principales ciudades capitales ante el crecimiento exponencial de delitos amparado en la prevalencia de la libertad sobre la reclusión, aún para los reincidentes, y aplicable para la inmensa mayoría de los delitos.  Desde la aprobación de las leyes 1760 y 1786 de 2016, la Fiscalía se encuentra desbordada por las noticias criminales que atañen a reincidentes, muchos de los cuales registran más de 10 capturas. Esas leyes y decretos son el fruto de una concepción supuestamente garantista que entronizó Yesid Reyes, hoy magistrado todopoderoso de la JEP, y que convalida el distraído ministro de Justicia Gil Botero.

Ese mismo concepto se aplica a los cultivos de coca, impulsando su vertical crecimiento que despierta inquietud internacional y provoca amenazas de descertificación del gobierno gringo. A pesar de la espiral de violencia y miseria que genera la coca, el Gobierno pretende la aprobación de una ley que despenalizará su cultivo y empoderará a los carteles narcotraficantes que se lucran con ello.

Para completar el oscuro panorama, la ley de amnistía, no solo permitió la liberación de sicarios y terroristas, sino que también comprendió a los que delinquieron con ocasión de actos de protesta social. Nadie debe hoy extrañarse si quienes bloquean carreteras, secuestran policías y soldados, y reciben con desdén las súplicas del gobierno para su pronta liberación, imponen su ley y la rendición de la legítima autoridad. 

A nadie debe sorprender la candidatura de Timochenko a la presidencia de la República. Su postulación, como la de sus cómplices al Congreso, es consecuencia del poder que hoy detentan, sin importar la crueldad de sus delitos, ni la cantidad de las penas impuestas, centenares de años,  ni las inhabilidades que éstas conllevan. Seguros de la impunidad que les garantiza la justicia restaurativa, de que su verdad será la misma de la de la Comisión de la Verdad, de la fuerza de su brazo armado que hoy comprende más de 1500 efectivos y de la seguridad de su incorporación a la coalición de Santos en la segunda vuelta, el único obstáculo que enfrentan es el de la victoria de quienes no claudicamos ante el socialismo del siglo 21. Es la lucha entre el caos y el orden