Las afugias de un ministro
“Coltel, ¿problemas de mercado, de estrategia, o de control?
SIENDO ministra Martha Pinto se logró el tránsito de la antigua Telecom hacia una nueva empresa, Colombia Telecomunicaciones -Coltel-, libre de ineficiencias y cargas sindicales, con el soporte estratégico y logístico de Alfonso Gómez y de un dinámico equipo directivo, quienes demostraron que este activo de la Nación, bien manejado, podía salir adelante.
No obstante, por aquello de la globalización, la movilidad y la búsqueda de economías de escala, se buscó un aliado estratégico internacional, bajo el supuesto de que quien fuera este nuevo socio debería comprometerse a incorporar servicios móviles al portafolio de la empresa, mejorar indicadores de eficiencia y por tanto aumentar excedentes disponibles, con el compromiso de pagar el arriendo de la red de la antigua Telecom que continuaría en cabeza de un patrimonio autónomo, para con este dinero fondear su pasivo pensional. Pero esos compromisos no los han cumplido los españoles: no han incorporado la movilidad a la oferta de Coltel, ni han podido pagar este año las cuotas por el arriendo de la red al patrimonio autónomo, “desfondeando” con ello el pasivo pensional.
Se dice, entonces, que la Nación como socio de Coltel debe responder por su parte del incumplimiento y el ministro Echeverry propone un proyecto de ley que debe autorizarle a pagar cerca de 48% del pasivo, que, se supone, ya había sido asegurado en su fondeo con el esquema previsto de arriendo de la red de Telecom. Olvida un detalle fundamental en este proceso, y es que Telefónica no sólo es socio mayoritario de la empresa, sino que tiene un contrato ella misma con Coltel para gestionarla, pudiendo entonces ser a la vez juez y parte respecto del resultado del manejo local.
Aquí surgen muchas preguntas, bien podría subir costos en Colombia por servicios prestados desde España, pues sería más conveniente para ellos ver el total de esos ingresos allá, que sólo la mitad acá donde deberían compartir con su socio minoritario. Así, la Nación no tiene injerencia real en el control patrimonial, ni operativo, ni financiero de la empresa; y el puesto en junta sólo estaría sirviendo para que nos reclamen el pasivo, pero no para gozar los beneficios. Todo esto ocurre mientras en España se conoce que Latinoamérica es quien ha generado la caja de la empresa, salvando su balance global golpeado por la crisis europea. ¿Qué ha fallado?
En fin, la cosa no es fácil. Lo de la ley que presenta Echeverry, solo “dos articulitos”, parece simple pero, sería aconsejable que, antes de aprobarlos el Congreso, el Gobierno revisara la operación y si es el caso cambiara la estrategia. Lo cierto es que la bendita ley nos va a costar a los colombianos, mal contados ¡unos tres billones de pesos! ¿Se justifica este inmenso y oneroso desembolso, que a la postre para lo único que servirá es para llenar un hueco que debería cubrir un socio que es no sólo mayoritario sino además administrador, que se ha quedado corto?
Hay que ser realistas. El camino sensato sería dejar que sean ellos solos quienes capitalicen la empresa, aunque se diluya la ya minoritaria participación de la Nación, y así poder responder a los pensionados. Doloroso para nuestro orgullo patrio, pero lo otro es ¡que a través de impuestos cada familia colombiana tenga que pagar el equivalente a cerca de un salario mínimo de su “desfondado” bolsillo para arreglar el entuerto!
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