Muchos de los autodenominados formadores de opinión se interrogan sobre los ejes que caracterizarán la campaña electoral del 2018. La mayoría de ellos, animados por la retórica oficial, insisten en que el debate girará alrededor del acuerdo de paz y de su implementación. Otros, menos favorecidos por la generosidad gubernamental, encuentran en los problemas sociales irresolutos los temas que definirán el tono y la dialéctica de la contienda por el poder. Todos ellos, solícitos con la narrativa oficial, se contentan con difundir el advenimiento de nuevos tiempos para una sociedad que encontraría en el texto del acuerdo con las Farc la redención de sus sufrimientos y penurias.

Al parecer es otro el escenario de la contienda que apenas asoma en los prolegómenos que se observan entre precandidatos y fuerzas políticas. Ciertamente la paz esquiva y su accidentada implementación, motivos de legítimo interés en la opinión pública, serán temas obligados en los foros y debates que animarán la campaña, pero no opacarán el sentimiento cada día más generalizado de la urgencia de un nuevo régimen político y social. La Constitución del 91 ha perdido vigencia, no solamente por la irrupción de las capitulaciones concedidas a las Farc, sino también por las numerosas enmiendas que la desfiguraron con los aportes del espíritu clientelista que domina la acción de los partidos políticos colombianos.  Ello explica el caos institucional, con un poder ejecutivo que quiere borrar la separación de poderes, una Corte Constitucional constituyente y legisladora, un Congreso dominado por los intereses clientelistas de sus miembros. Se observa una descomposición social que ha debilitado los principios y valores de la sociedad y con ello sus estructuras básicas y fundamentales.

El inicio de un perceptible alineamiento de las fuerzas políticas en polos antagónicos sugiere la polarización entre los heraldos de un régimen en crisis, apuntalado por Timochenko y compañía, y los adalides de un nuevo régimen que fortalezca la institucionalidad y preserve la integridad del tejido social. Los primeros convergerán en la preservación del clientelismo, adobado por la impunidad que subyace en el acuerdo con las Farc, y se agolparán bajo la égida de quien cuente con el apoyo de todos los barones del clientelismo. Para tal efecto consentirán las modificaciones que Cambio Radical sugiera a la implementación del acuerdo. Los segundos tendrán que unirse para propiciar ese nuevo régimen que emergerá de una Constituyente que convoque a todos los sectores de la sociedad, restaure el orden y con ello el respeto de las garantías y derechos de los ciudadanos.  .

La disyuntiva no será entre paz y guerra, sino entre el ocaso de un régimen moribundo y otro pletórico de esperanzas.