La presentación de las objeciones presidenciales por inconveniencia a 6 artículos de la ley de procedimiento de la JEP ha desatado una belicosa e irreflexiva reacción que linda con la histeria de parte del jefe del liberalismo, del santismo y de los sectores de la izquierda nacional. Resulta ridículo que quienes avalaron el desconocimiento de la voluntad expresada en el plebiscito aduzcan hoy que la facultad constitucional del Presidente de objetar por inconveniencia unos artículos pone en peligro la separación de poderes y atenta contra la construcción de paz. Ya nos tienen acostumbrados al sonsonete de que toda iniciativa, actuación, nombramiento o decisión que no responda a sus intereses políticos, amenaza la paz y conspira contra la unidad nacional que ellos mismos vulneraron.

La Constitución faculta al Presidente para objetar leyes por razones de inconveniencia, como lo confirma la sentencia C-634 de 2015 de la Corte Constitucional, que estableció que el Presidente de la República tiene la posibilidad de objetar por inconveniencia un proyecto de ley estatutaria, aun si la Corte hubiese previamente realizado el estudio de constitucionalidad de la ley. Ninguna de estas objeciones tiene el alcance de paralizar el funcionamiento de la JEP, ni mucho menos de atentar contra la paz. Por el contrario, persiguen mayor claridad para que las finalidades de verdad, justicia, reparación y no repetición no se vean interferidos por disposiciones que las dificultarían. Las objeciones buscan definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas; aclarar las competencias de la justicia ordinaria y de la JEP, inclusive en los casos de extradición; clarificar las atribuciones del Alto Comisionado para la Paz; garantizar la acción penal frente a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad; excluir los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional; y asegurar la pérdida de beneficios de quienes reincidan en las actividades criminales.

El hecho de que los negociadores del acuerdo y la plana mayor de la izquierda se hayan dirigido al secretario general de la ONU antes de conocer las objeciones, es clara indicación de su intención e interés de confundir a la opinión nacional y a las instancias pertinentes de los organismos internacionales. Inocua también la pretensión del presidente de la Cámara de incitar a la violación de la separación de poderes, pero ambas reflejan el radicalismo hirsuto de quienes insisten en imponer una paz manchada de impunidad.

Los colombianos en dos oportunidades, el plebiscito y la elección presidencial, han expresado la necesidad de perfeccionar los instrumentos de la paz y reconciliación en Colombia. La histeria de la oposición solo logrará que esa circunstancia se repita en las elecciones de octubre. Al Congreso le corresponde alcanzar consensos que promuevan unidad y reconciliación.