La Paz Total ocupa un espacio relevante en el programa del gobierno Petro con la que sorprendió a muchos y suscitó amplia gama de inquietudes e incertidumbres que se vieron posteriormente confirmadas por las declaraciones de quienes son los encargados de llevarla a buen puerto. 

El senador Iván Cepeda en declaraciones en El Tiempo distinguió entre las negociaciones que se llevarán a cabo con el Eln y los contactos que se surtirían con las organizaciones criminales del narcotráfico. “En el primer caso se trata de un camino que ya se ha recorrido en numerosas oportunidades, el de la negociación política. Con los segundos, ligados al narcotráfico y a la minería ilegal, se trata de buscar que se acojan a la justicia mediante acercamientos. Unos diálogos, que no son negociación, para acogerse a la justicia”. 

El canciller Leyva, en esa misma línea, ahondó primero en el tema señalando que el Clan de Golfo y las organizaciones semejantes serian objeto de la figura de sometimiento a la justicia, que luego enriqueció a su manera con la figura de acogimiento, de rasgos y naturaleza imprecisos, pero que bien pudiese asemejarse a una eventual negociación política. Consciente de las dificultades, con esa audaz creatividad que lo caracteriza, afirmó que "La partitura que esperan de la paz es una de música clásica, pero lo que yo digo es que es más como una de jazz", en el entendido que,” una partitura de música clásica es una guía para el intérprete musical que es precisa y detallada, mientras que en el jazz solo se dan indicaciones para que el músico, virtuoso o no, improvise en armonía con la banda”.

Esa sutileza para asemejar las negociaciones con el Eln con las de las organizaciones criminales del narcotráfico provocó la inmediata visita de una delegación del gobierno de los Estados Unidos en procura de precisiones sobre aspectos fundamentales de su relación con Colombia. Si bien el Eln ha acentuado sus actividades de narcotráfico y las ha extendido a Venezuela, benévolamente puede aún aspirar al reconocimiento de su carácter político para que le apliquen las normas del DIH, que empero son extrañas para los diálogos propios de un acogimiento a la justicia de organizaciones criminales del narcotráfico y la minería ilegal. 

No es la primera vez que Colombia sugiere cambios en el tema de la extradición. En el gobierno Uribe se exploró la suspensión de la extradición para los involucrados en los procesos de Justicia y Paz; en el de Santos se pretendió el levantamiento en el marco del proceso de paz, y en ambas ocasiones EEUU nunca accedió, a pesar del apoyo que siempre brindó a la paz en Colombia, para no afectar la independencia de su sistema judicial considerado intangible.

El tema puede convertirse en oportunidad para corregir anomalías que han llevado a los capos a preferir la extradición. Colombia no debe afectar el apoyo bipartidista que ha caracterizado sus relaciones con la potencia orbital. Evitar que la extradición provoque tensiones con Washington será tarea de nuestro embajador Murillo, que no necesita partitura musical para lograrlo.