El IDEAM reporta un 84% de probabilidad de que este año se presente el fenómeno El Niño de manera moderada, y una probabilidad del 56% que sea fuerte entre noviembre del 2023 y enero de 2024.  El Gobierno no está preparado para la crisis que se avecina. Puso una sobretasa de renta a las hidroeléctricas, aumentó el impuesto para proyectos de energías no renovables, tiene detenido más del 60% de los proyectos energéticos, la CREG sigue sin expertos comisionados -están en encargo- y no hay un plan coordinado con el sector energético para afrontar la crisis.

La generación de energía en Colombia es limpia. El 68% se produce con energía hidráulica seguida por el 31% térmica. En el mundo, el 63% es térmica y el 16% es hidráulica. Para el país tener una matriz energética mayoritariamente no contaminante es un lujo, pero cuándo hay escasez de agua configura un reto para el país. Según XM, para el primer trimestre de 2024 se podrán requerir las plantas térmicas para que cubran cerca el 50% de la demanda que habrá de energía. El posible fenómeno El Niño requiere un plan del gobierno nacional.

Con las hidroeléctricas produciendo energía sin embalses llenos, los precios seguirán aumentando la inflación total. La sobretasa de impuesto de renta que le puso Petro a las hidroeléctricas en la reforma tributaria del año pasado empujará aún más las tarifas. Prender las plantas térmicas también tendrá costos adicionales. Los servicios públicos -incluyendo el arriendo- representan el 40,1% de los gastos de un hogar pobre, y el 30,4% de un hogar rico. Es decir, los ciudadanos con más necesidades serán los más afectados por las medidas de Petro.

Esto podría tener una solución en el mediano plazo, y por regiones, y es que entren en operación algunos proyectos de energía no convencionales como la eólica o la solar.  Sin embargo, el gobierno tiene parados los proyectos. Según SER, de los 82 proyectos con fuentes renovables no convencionales 52 proyectos -el 65%- aún están detenidos por tramitología con entidades del Estado. A esto hay que sumarle la entrada en vigor del Tratado de Escazú y la profundización de los problemas de la consulta previa. Hace tres semanas, Enel suspendió de manera indefinida el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira. Exxon Mobil también pidió su retiro en su proyecto del Valle del Magdalena Medio. Emerald Energy también pidió la suspensión de su contrato en el Caquetá.

La ley del Plan Nacional de Desarrollo sancionada el mes pasado genera más problemas. Se pasó de un impuesto de trasmisión del 1% al 6% para la producción de energías no convencionales. En el país, el gobierno Petro acabó con los incentivos a la producción de energía. Según Andesco, el tiempo de atraso de los procesos de construcción de los proyectos de transmisión se ha incrementado un 62, pasando de 2,6 a 4,2 años.

Ahora, primera denuncia. El presidente Petro no ha realizado nombramientos de expertos comisionados en la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- desde que se posesionó. Nombró a cuatro personas “en encargo”. ¿Los echará si no siguen sus órdenes? ¿Por qué no tener expertos de largo plazo con políticas públicas duraderas? La crisis se avecina.

Segunda denuncia. En el Plan Nacional se derogaron dos artículos de la ley 143 que permitiría a ISA, controlada por Ecopetrol, generar energía. ¿Se estará aprobando la integración vertical del sector eléctrico, creando un monopolio estatal? Es un conflicto de interés que podría acabar con el sector privado. Estaremos atentos a que esto no se permita.