Encuesta
“Hallazgos individuales tan interesantes como los generales”
HUBO aspectos preocupantes en el reportaje concedido por Mark Shinnon. El ex asesor de Virgilio Barco expresó extrañeza por ser la corrupción todavía un problema. La otra inquietud fue de quien escribe al no plantearse, en el diálogo, un instrumento vital, en opinión personal, en el combate de la anomalía: la transparencia. Se relató el intento propio, con ocasión de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de implantar la transparencia absoluta, en la Constitución Nacional, en reemplazo de las facultades discrecionales. El rechazo se consideró entendible al ser tales facultades una ventaja para el Estado en vista de la posibilidad teórica de ocultarse los errores y la ineficiencia y motivar elogios las acciones prontas bajo tal marco. El optimismo se basaba en que las iniciativas internacionales tendrían acogida doméstica rápida y no fue así.
Complacen, en consecuencia, los resultados de encuesta de Gallup y Dinero (No. 377) sobre la percepción de los empresarios acerca de la corrupción: “Así, entre las causas más importantes de la corrupción identificadas por los empresarios están la falta de transparencia en las decisiones públicas (72% de los encuestados identifica esta como una causa muy importante de la corrupción), la ineficiencia del sistema judicial (64%), las bajas sanciones para quienes se involucran en estos hechos (51%) y los procedimientos administrativos inadecuados (54%). Entre tanto, una razón más estructural, como puede ser el tamaño y la ineficiencia del Estado, es percibida como una causa importante por un porcentaje muy inferior de empresarios (26%)”. En suma, los empresarios creen que las razones “de la corrupción están en fallas en la operación y no en problemas en el diseño de nuestras instituciones”.
Hay hallazgos individuales tan interesantes como los generales. La mitad de los dirigentes entrevistados considera que el nivel de corrupción es muy alto, creciente y sólo muestra la punta del iceberg. Lo peor está en la clase política y el sector público. La máxima responsabilidad está en los alcaldes (1.523 procesos) y los gobernadores (326 juicios). Hay aspectos criticables en el sector privado.
La situación debe corregirse porque, de no ser así, originará inseguridad política, jurídica, de los ciudadanos y las personas jurídicas ante la ley, quiebres institucionales y de la clase política, perjuicios internacionales, dificultad para hacer negocios, resurgimiento de la inquietud por el “Estado fallido” y dudas sobre la competitividad de la economía.