El inicio de nuevas negociaciones entre el gobierno de Maduro y una representación menguada de la oposición, bajo los auspicios del gobierno mejicano, ha despertado más suspicacias e inquietudes que las que acompañaron los ejercicios anteriores que nuca tuvieron vocación de fructificar.  Pero esta vez, no porque se avizore un final improductivo, sino porque parecen dirigirse hacia la normalización y reconocimiento del gobierno de Maduro, con absolución incluida por los delitos continuados que lo mantienen en el poder.

La sutil actitud del presidente mejicano y la febril actividad de los representantes del Reino de Noruega, siempre apegados a las formalidades y aparentemente desentendidos de las aristas políticas  que entrañan semejantes ejercicios, abrieron los espacios para las imposiciones de los arfiles de Maduro con el veto al embajador Carlos Vecchio, consentido inexplicablemente por la contraparte, y con el pedido de inclusión de Alex Saab a la delegación gubernamental, con el claro propósito de calibrar el comportamiento de una comunidad internacional aturdida por lo sucedido en Afganistán. que parece dispuesta a negociar un alivio escalonado de las sanciones vigentes y, de paso, devolver a Maduro la legitimidad de la que despojan a Guaidó. Ello explica la reticencia de Caracas de acordar el protocolo que habría de regir la actividad de los países amigos de la negociación, porque prefiere la soterrada solidaridad de la burocracia de la Unión Europea y del Parlamento Europeo

El gobierno de Venezuela hace parte hoy de una cofradía de gobiernos dictatoriales y homicidas, sujetos de sanciones internacionales, que se agrupan en torno a los intereses globales de Rusia y China, y cuentan con la solidaridad de potencias ascendentes, como Irán y Turquía, y que además provee refugio a organizaciones terroristas como Hezbollah. Por ello, en las Américas, la relegitimación de Maduro y sus secuaces no solo desconoce abiertamente el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), sino que también implicaría la revocatoria tácita de la Carta Democrática de la OEA, en tiempos en los que los estados miembros se ven amenazados por regímenes autocráticos provenientes de elecciones aparentemente válidas o de decisiones de gobiernos de perpetuarse en el poder. Las sombras que oscurecieron las elecciones en el Perú se agudizarán en los comicios de Nicaragua y se extenderían a las elecciones en Chile, Colombia y Brasil en detrimento de la democracia y la paz hemisférica, fundamentos de los principios y fines de la OEA.

En Colombia no se debe ocultar a la opinión pública la magnitud de las amenazas y de los retos que se ciernen sobre nosotros y que atañen a la supervivencia de la democracia y del estado de derecho, a la conservación de la paz, y de la seguridad, nacional y a la intangibilidad de la integridad territorial en una dimensión que jamás hemos conocido. Constituye principal e ineludible obligación de los candidatos a la presidencia expresarse con claridad, si quieren merecer la confianza de los colombianos. De la capacidad que tengamos de ayudar a Venezuela a recuperar su democracia depende que honremos el legado del Libertador.