No sorprenden los pormenores que se han acumulado en la implementación del acuerdo de paz. Con cada desarrollo se hace evidente la particularidad de un proceso que no cesa de sorprender y que descubre las dimensiones de las concesiones a las Farc. Emerge así un escenario sin precedentes en la implementación de los procesos de paz, en el que la fuerza armada que se obliga a reintegrarse a la legalidad ejerce, aún antes de su desmovilización, desarme y reinserción, atribuciones propias de las personas y partidos políticos que actúan en el marco de la legalidad

Ante tanta complacencia del Gobierno y de las fuerzas políticas que lo acompañan, los líderes de las Farc se deleitan en ejercicios de arrogancia y prepotencia con el propósito de abreviar el proceso en los términos que ellos estimen más favorables a sus pretensiones. En la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación despliegan un control sobre todo lo atinente a la implementación del Acuerdo que instituye en la práctica un mal disimulado cogobierno con el que, además, se les confieren poderes legislativos vedados a quienes no son delegatarios del constituyente primario. La interpretación de los confusos textos del Acuerdo, la naturaleza y contenido de las políticas que han de ejecutarse y la sustancia de los actos legislativos, leyes y decretos que se aprueben en el Congreso  y se dicten por el ejecutivo son materia reservada a este órgano ajeno al ordenamiento jurídico nacional.

Mientras que sus combatientes reciben el beneficio de la amnistía y de la libertad condicional para los responsables de crímenes de lesa humanidad, sus máximos responsables  deambulan por las universidades dictando cátedra de democracia, o interponiendo demandas de nulidad contra sentencias de la Corte Constitucional que les incomodan, o haciendo abierto proselitismo político con las comunidades vecinas de la zonas transitorias en las que se agrupan, como si no fueran aún miembros de una organización criminal en armas y en espera de las absoluciones que les ha de conferir la Justicia que ellos mismo diseñaron para garantizar impunidad por sus delitos.

El reciente episodio sobre la revelación y disposición de los bienes de las Farc, denunciado valiente y claramente por el Fiscal General, con los que se pretende un enorme lavado de activos, hizo claridad sobre la identidad de los redactores de los decretos expedidos por el gobierno.

La implementación del Acuerdo se convierte en la última fase de la claudicación del Gobierno y el primer escalón para el ascenso de quienes aspiran a hacer tránsito del delito al poder.