Las primeras tareas de ejecución del acuerdo con las Farc han sorprendido por su improvisación en las zonas de desarme y desmovilización. Desde un principio el Gobierno demostró su ineptitud para acondicionar los espacios que deben acoger a las fuerza guerrillera. Estas unidades vagan en espacios de preagrupación, sin vigilancia y control, lo que ha dado lugar a desmanes y conductas delictuosas que las autoridades locales temen denunciar, con la honrosa excepción del gobernador de Antioquia.

La Misión de la ONU logró invisibilizarse hasta que varios de sus miembros aparecieron en jolgorios de celebración de fin de año con las Farc, provocando la indignación ciudadana por la seria afectación de la rigurosa imparcialidad que debe guardar el veedor y árbitro en las posibles desavenencias que acontezcan. Los escándalos protagonizados por misiones de la ONU en las décadas pasadas, en varios países de diferentes continentes, no constituyen las mejores credenciales para el estricto cumplimiento de las tareas encomendadas. Y su presencia, invasiva y a veces con perfiles intervencionistas, cuando no parcializada, como ocurrió con las víctimas de las Farc en las negociaciones de La Habana, alimentan las suspicacias sobre su capacidad de obrar con integridad.

La queja de la embajadora colombiana ante Naciones Unidas y la consiguiente separación de los observadores implicados en conductas inapropiadas, no alcanzan a esconder la ligereza con la que el Gobierno y la ONU han procedido en la conformación, instalación y trabajos de la Comisión Verificadora. Por una parte, el Gobierno permitió el sesgo ideológico de los integrantes de la Misión cuando aceptó que la mayoría de ellos provinieran de países miembros de la Celac, organización creada a instancias de Hugo Chávez y de su abultada chequera. Y por la otra, todo indica que su presencia y trabajos no se hallan regulados por protocolos atinentes al ejercicio de funciones que de alguna manera limitan la soberanía nacional, y que por ello son imprescindibles para el Estado que cursa la invitación. También resulta claro que la ONU carece de normas que reglamenten las actividades de los miembros de su misión y fijen las responsabilidades consiguientes a su mal proceder. Y para rematar, la guerrilla amenaza retirarse del Mecanismo Tripartito de Verificación, como si fuera entidad soberana.

La cancillería debe convenir, firmar y hacer públicos cuanto antes los protocolos necesarios a la presencia y desempeño de los miembros de la Misión de la ONU, y ésta elaborar su propio reglamento, para que no se esfume la confianza ya precaria en la capacidad de la Misión de cumplir sus funciones con rectitud, probidad e imparcialidad.