El fallo de la Sala de Revisión de la JEP sobre el caso “Santrich” causó legítima indignación en la opinión pública. No se esperaba de ella independencia, imparcialidad ni ecuanimidad por razón de su origen y de la reconocida militancia de la mayoría de sus integrantes, pero, ingenuamente, tampoco se creía que sus sentencias infringieran herida letal a la extradición para blindar la eventual reincidencia de quienes dirigieron el Cartel narcotraficante más poderoso del mundo. Y lo hicieron con interpretaciones acomodaticias de su propia competencia, desconocimiento absoluto del acervo probatorio a su alcance, y añadiendo al deber de respeto a la Constitución y las leyes, la condición “de guardianes del proceso de paz”, con el que pretenden autorizar todos los posibles desafueros que en el futuro se cometan.
Sin siquiera sonrojarse, y conocedor de que la ley estadunidense prohíbe develar pruebas antes de la comparecencia del sindicado a juicio en la Corte que lo solicita, el magistrado Bobadilla, al sustentar el fallo, afirmó que por no haber recibido de los Estados Unidos las pruebas solicitadas no pudieron evaluar la conducta y, por ende, no pudieron determinar la fecha de ocurrencia del delito. Cínica afirmación que esconde que en el indictment se tipifica el delito y se consignan las fechas de perpetración y que la Fiscalía aportó igualmente pruebas sobre el delito y su consumación.
Parece hacer carrera el estribillo de “todo sea por la paz” que se escucha en los debates en el Congreso, en las Cortes, en los medios de comunicación y que hoy en la JEP hace trizas la extradición para regocijo de todos los narcotraficantes, principales perpetradores de los derechos a la vida y seguridad de los colombianos. Inquieta que con su fallo la Sala de Revisión avive la percepción de que este Tribunal se erija en el Leviatán incontrolable de la justicia colombiana. Los bochornosos capítulos que han marcado sus primeras actuaciones administrativas y contractuales no favorecen un prestigio que le es esquivo.
Preocupa que su audiencia ante la CIDH haya sido motivada por propósitos bien diferentes al de rendir informe sobre sus controvertidas actuaciones. Ojalá la Sala de Apelaciones disipe estos temores atendiendo la fundamentada apelación del Procurador y contribuya a erradicar el peligro de la omnipotencia, siempre sinónimo de arbitrariedad e impunidad selectiva. Bien se dice que la esperanza es lo último que se pierde.
La renuncia del Fiscal alerta al país y lo enaltece. La alocución presidencial señala la imperiosa necesidad de fortalecer una institucionalidad que desfallece ante embates como el prodigado por la JEP. Es tiempo para hacerlo y extraditar a “Santrich”. Su ingreso al Congreso entroniza al delito como fundamento de legitimidad. Sobre la vigencia del Estado de Derecho no hay transacción posible.