Ya empieza a develarse la verdad sobre la Justicia Especial para la Paz. El propio Secretario señaló de culpable al primer uribista que trató de acercarse. Lo hizo sin haberlo oído, sin que haya habido juicio; presa, seguramente, de sus propios y muy asentados prejuicios.

Diego Palacios es inocente. Así lo dijo ante la Corte Suprema y así lo quería sostener en la JEP. Creyó, en medio del dolor de estar condenado injustamente, que cualquier otro juez tendría que reconocer su evidente inocencia. Cualquier otro que no hubiera estado inmerso en la pelea de la Corte y el expresidente Uribe. Cuando fueron develadas las pruebas del proceso de Bernardo Moreno pudimos escuchar las grabaciones de la Corte Suprema en donde los magistrados proponían una legítima defensa del alto tribunal frente al Gobierno, que se traducía, según palabras de ellos mismos, en la necesidad de proceder contra el ministro Palacios con argumentos políticos y no jurídicos. Así fue como lo condenaron. Usaron la confesión de una delincuente que se favorecía al hacerlo. Violaron los derechos de defensa al condenarlo en el proceso de Yidis sin siquiera dejarlo defenderse y concretaron la injusticia con un fallo posterior que fue tan solo un remedo de juicio. 

Diego creyó en la JEP, como algunos militares lo harán. Desesperados por la injusticia que han padecido buscan cualquier alternativa; y la JEP se les vendió por sus promotores como la oportunidad de recobrar su buen nombre y ganarse su libertad. 

Sin embargo, la máquina de injusticia que se organizó desde La Habana será, sin lugar a dudas, el más grande problema que tendrá Colombia en los años venideros. Un sistema que envidiaría el Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa. Magistrados nombrados por 5 ilustres desconocidos, sin responsabilidad política, sin representación y con apretado apego a su ideología. No me canso de repetirlo: no será para administrar justicia, sino para ejecutar venganzas.
Quieren llevarnos a todos ante los jueces de las Farc y el santismo para que la versión histórica de la verdad se ajuste a todos sus atropellos. Forzar confesiones a cambio de la preciada libertad es el inicio del mecanismo con el que construirán la "nueva verdad". También tendrán sus organizaciones haciendo los montajes para que las investigaciones incluyan a todos los que deban ser doblegados.  

Ya no sólo es el discurso hipotético de lo que va a pasar, ahora se evidenció la parcialidad del Secretario. Se agrava cuando se consideran los propósitos políticos que moverán esta justicia, que también se hicieron visibles por las reuniones del Secretario -en medio del escándalo- con reconocidos y furibundos antiuribistas. Y lo que es peor: la idea que ya circula en el sentido de que el gobierno Santos trataría de desviar todas las investigaciones en su contra hacia la JEP, donde este y las Farc han escogido indirectamente a los magistrados, es francamente desconcertante.

Colombia entera debe rechazar la JEP. No sólo por la precariedad de su diseño -amañado-, sino por mil razones: la falta de trasparencia en la escogencia de los jueces, la polarización política de los nominadores, lo macabro de la confesión obligada, el evidente propósito político, la destrucción del buen nombre del Estado colombiano y, sobre todo, porque es ilegítima, ya que se aprobó por encima de la voluntad de los colombianos que la rechazamos contundentemente en el plebiscito.