Desde que el mercado de la energía hizo su aparición plena con la primera revolución industrial, no han dejado de hacerse pronósticos sobre la disponibilidad futura de sus fuentes como de los posibles sustitutos de las mismas. Así lo dejo patente el economista inglés William Stanley Jevons (1835-1882), quien en su estudio sobre “La cuestión del carbón” (1865) ya ponía de presente la posibilidad del agotamiento del carbón para una economía como la inglesa durante el siglo XIX, como las alternativas para reemplazar dicho consumo. Dicho caso dio origen a la que se ha hecho conocer como “paradoja de Jevons”, en la que cualquier innovación tecnológica que permitiera hacer un uso más eficiente del recurso que sirviese para el suministro de energía, incrementaría su demanda y, por ende, haría más intensiva su explotación y de esa manera agotaría el recurso más rápidamente. Aunque el carbón no se agotó en Inglaterra y los pronósticos de Jevons no se cumplieron, no deja de ser sugestiva la idea con la cual poder comprender los mercados energéticos.

Lamentablemente para Colombia, el anterior análisis no es el protagonista de los debates públicos, al menos en los que propicia el actual gobierno nacional al respecto con su enorme (y desafortunado) poder de decisión en dicha materia. Aunque en más de una ocasión es dudosa o francamente decepcionante la capacidad de análisis del presidente actual (a pesar de su formación de economista) en asuntos energéticos, no cabe duda que dicho tema ha sido una prioridad en su agenda. No de otra manera se puede explicar cómo un país como Colombia, que bajo cualquier parámetro no es un país prioritario en los estándares de transición energética que se vienen promoviendo desde instancias como la ONU y su (absurda) Agenda 2030, sea capaz de paralizar la exploración y explotación petrolera como se hizo en el segundo semestre de 2022, a pocas semanas de posesionarse el actual presidente.

Sobre lo anterior, todos recuerdan el compromiso de la exministra de Minas, Irene Vélez en dicha materia, pero quizá pocos hagan énfasis en la otra persona del gabinete ministerial que la acompaño en dichas políticas, como es la todavía vigente ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad. El extremismo de esta funcionaria ya se había probado cuando siendo secretaria de Medio Ambiente de Bogotá sostuvo en el año de 2012 la prohibición de toda la minería en la jurisdicción del distrito capital: no sorprende que fuera bajo el alcalde de Bogotá de entonces, que es el presidente actual.

Con dichos precedentes, bien vale la pena recordar lo que Brigitte Baptiste dijo al estar al frente del Instituto Humboldt en 2018, que “el petróleo colombiano hay que sacarlo hasta la última gota”, dando a entender que dicha industria ha sido pionera en materia de innovación y responsabilidad ambiental. Antecedente más que oportuno si se tiene en cuenta que la transición energética que se promueve a nivel global, que pretende generar 7 teravatios para 2050 con base a energías “limpias” como la eólica y la solar, necesitaría (en toneladas) 34 millones de cobre refinado, 40 de plomo, 162 de aluminio y 4800 de hierro, de lejos cifras que incrementarían enormemente la explotación actual de dichos minerales (véase el artículo “The Limits of Clean Energy” de Jason Hickel). Ni hablar de las necesidades de neodimio, plata, iridio y litio, ya sea para las turbinas eólicas o los paneles solares. Esperemos entonces que, dadas las pretensiones de “salvar” el planeta que tiene el presidente no termine destruyendo el país, como de hecho lo viene haciendo en tantos frentes, incluyendo el energético, por supuesto.