“Violencia se ha instalado en nuestras fronteras”

Los errores cometidos a lo largo del proceso de paz pasarán su abultada cuenta de cobro en las elecciones regionales y locales que se avecinan. La renuencia del gobierno pasado en copar, con la presencia y accionar de la institucionalidad, los territorios que albergaban contingentes farianos, alentó una reconfiguración de la violencia hoy personificada en el Eln, las disidencias de las Farc, el Clan de Golfo, los Caparrapos y otras organizaciones delincuenciales que se disputan el control de regiones y de las actividades ilegales más lucrativas. 

Registran un crecimiento constante en efectivos, capacidad militar, control del narcotráfico, minería ilegal y contrabando, y su fortalecimiento no solo ha motivado la presencia de carteles mejicanos y brasileños de la droga, sino también una crecida asistencia y protección del sátrapa Maduro. Lo que ayer fue una amenaza subversiva que pretendía la captura del Estado y la sumisión de la sociedad, es hoy una amenaza a la seguridad nacional y a la integridad territorial de Colombia.  Por ello, los violentos no miran hacia Bogotá y los grandes centros urbanos, sino que concentran sus operaciones principalmente en regiones fronterizas y sus departamentos adyacentes. La protección que les depara el gobierno de Maduro les confiere seguridad y libertad de acción que favorecen el control territorial de esas áreas, beneficios que retribuyen generosamente con la participación en sus negocios ilícitos y con la persecución en territorio venezolano de la oposición democrática. En las fronteras con Brasil, Ecuador y Panamá son prácticamente dueños de los territorios fronterizos en los que someten a las comunidades y manejan sus actividades ilegales libres de presencia de las autoridades.  

La violencia se ha instalado en nuestras fronteras y se expande a los territorios aledaños. Reaparecen las masacres, aumentan atentados y asesinatos de líderes sociales y se conocen ya homicidios contra candidatos en las próximas elecciones. Municipios del Cauca, sur del Meta, Guaviare, la región del Catatumbo, Arauca y nordeste de Antioquia, padecen esos flagelos. Es el precio que pagamos por la culpable inacción del gobierno anterior de recuperar el territorio nacional para la institucionalidad.

El presidente Duque ha puesto en marcha un ambicioso plan de recuperación territorial que inmediatamente encontró feroz respuesta de la oposición dirigida a paralizar la fuerza pública con el espejismo de repetición de falsos positivos. ¿A que juega la oposición? Parece privilegiar la identidad ideológica sobre el interés nacional. Esa eventual solidaridad introduce un nuevo componente al debate electoral que sembrará preocupantes interrogantes sobre el manejo de situaciones que amenazan la seguridad nacional y la integridad territorial del país por parte de las autoridades elegidas en octubre. Este es un tema que gravitará sobre el voto ciudadano y en aras de transparencia merece una debida aclaración.