Ya hemos empezado a conocer los verdaderos alcances de la mal llamada JEP; que lejos de administrar justicia será una herramienta para la implacable persecución política.

Lo más aterrador es el súper poder que se concentra  en cinco ciudadanos, cuyas calidades no vamos a discutir en este escrito, encargados de escoger todos los demás magistrados del sistema. Aun suponiendo su neutralidad política,  aun presumiendo que carecen de intereses en el país, van a concentrar unas facultades excesivas. La tarea de seleccionar los jueces no debería corresponder a un número tan limitado y poco representativo de ciudadanos.

Un juez debe surgir del diseño del Estado de Derecho: sujeto a frenos y contrapesos de otras ramas del poder público y con normas hechas por otros. Sin embargo, este nuevo sistema de justicia que concentra facultades para investigarnos penal, disciplinaria y fiscalmente, es un artificio por fuera de todos los controles estatales. Los nominadores de jueces JEP no tienen ninguna relación con la democracia, surgen un pacto entre un grupo terrorista y un Gobierno con crisis de gobernabilidad. No están mediados por la democracia, no tiene contacto con el sentir de la ciudadanía, no tienen origen Constitucional. Estos cinco reyes elegidos por instituciones que en su mayoría nada tienen que ver con Colombia- designarán jueces para juzgarnos a todos.

Todos; excepto a las Farc que saldrán del asunto con la amnistía y un reconocimiento colectivo de todos sus crímenes, que sin importar su gravedad, quedarán impunes, pues no pagarán ni un solo día de cárcel. En manos de cinco reyes que pocos colombianos conocen, que no tienen  ningún costo en sus decisiones, que no son controlados por ninguna instancia democrática, está el futuro de la estabilidad de nuestro país.

Es triste en lo que nos hemos convertido. Una democracia que ya no tiene Congreso, pues en ese simulacro de debate del JEP se ha evidenciado que éste es simplemente una formalidad que pretende esconder lo real: Santos asumió las funciones legislativas. El Congreso no puede cambiar anda, ni proponer. Ya no dejan ni siquiera leer las propuestas de modificación. Una justicia en manos de un sistema antidemocrático, dictadas por un Presidente que asumió funciones que no le corresponden.

Nos dicen que este es el precio de la paz. Aquella no se ve por ninguna parte, todo sigue igual y seguirá igual porque el sustrato de nuestros problemas en la frontera interna sigue sin resolverse. El narcotráfico aumenta a la par con la minería ilegal. 

 Este "gran" esfuerzo del Gobierno no ha provocado el regocijo que suponían. Los colombianos no están entusiasmados con este proceso; es más, lo rechazaron en el plebiscito, sin vergüenza este Gobierno lo desconoció. Los grandes problemas que aquejan a la ciudadanía continúan sin resolverse, incluyendo la violencia. Esto aunado a los escándalos de corrupción que siguen creciendo; donde los testigos parecen estar sujetos al miedo o a nuevas coimas, proyectan un panorama desolador. 

Acabaron las instituciones, no sólo aplastando la Constitución con un acuerdo rechazado por los colombianos y con mecanismos como el fast track, sino que las destruyeron con el desprestigio de la corrupción convertida en política pública y con la absoluta incapacidad para resolver los problemas de la ciudadanía. Y a eso le quieren dar continuidad...