Definir el tema predominante en la campaña presidencial desvela a los estrategas de los candidatos. En el oficialismo prevalece la tesis de convertir el acuerdo de paz y su implementación en la bandera principal de la disputa por el poder. Unos juzgan preferible el pendón de la recuperación de la economía, a pesar de los desaciertos del gobierno en ese campo, y otros recomiendan énfasis en temas sociales porque intuyen la creciente desaprobación ciudadana al acuerdo y a su malograda implementación.
Sin embargo, esas propuestas no han logrado modificar la estrategia escogida para buscar la victoria de la variopinta coalición que se empieza a conformar desde el Palacio de Nariño. Y así será porque la implementación del acuerdo es la ruta más expedita para la construcción de un nuevo régimen ideado en las negociaciones de la Habana, bajo la inspiración de las Farc, de los Castro y de Maduro, y con el influjo de asesores nacionales y foráneos movidos por aspiraciones políticas frustradas, los unos, y por el cumplimiento de deberes políticos e ideológicos, los otros.
El acuerdo contiene los elementos necesarios para un cambio profundo del régimen político. Impuesto contra la voluntad ciudadana, ha sido blindado contra todo intento de modificación en los próximos 12 años y su ejecución provocará drásticas modificaciones en toda la institucionalidad, la gobernabilidad, la propiedad y la producción agraria y la seguridad y la convivencia ciudadana.
El Estado no logrará el control del territorio que se hallará determinado por la conjunción de parcelación de tierras, ampliación de las Zonas de Reserva Campesina, conversión de las zonas temporales de verificación en asentamientos permanentes de desmovilizados, en regiones sembradas de cultivos ilícitos, contaminadas por la minería ilegal y constituidas en jurisdicciones electorales prohibidas para los partidos políticos. La gobernanza dependerá del obligado cogobierno de las debilitadas autoridades locales y regionales con unas organizaciones sociales empoderadas por mandato legal, y el control ciudadano recaerá en miles “de gestores de paz” que hoy abandonan las cárceles para fungir a la usanza de los comisarios del partido comunista. .
Habrá una justicia superior y paralela a la ordinaria, cuyos fallos inapelables impartirán absoluciones a los que tendrán el privilegio de hacer relatos colectivos de conductas delictuales y proferirán condenas para los acusados por una fiscalía paralela. Jurisdicción especial eterna porque renacerá cada vez que vea amenazado uno de sus fallos.
Por ello propugnan por un gobierno de transición que bajo la ilusión de la paz permita la consolidación del nuevo régimen. Apuesta atrevida como la que hacen los usurpadores de las libertades. Si tienen éxito Timochenko y Márquez no necesitarán elecciones Observen a Maduro.y la parálisis de la comunidad y organizaciones internacionales.