El reciente de bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc-Ep al mando de alias “Gentil Duarte” que produjo 12 bajas en las filas de la organización criminal, entre ellas al menos la de un menor de edad, revivió la controversia sobre la legalidad de operaciones armadas en las que resulten comprometidos menores de edad víctimas del delito de reclutamiento de forzado por parte de sus captores.

Con el objeto de hacer claridad sobre la legitimidad de la acción militar y responder a las falaces opiniones de sus críticos, conviene hacer claridad sobre el marco normativo aplicable a esas operaciones. En el ordenamiento interno, el Código de la Infancia y la Adolescencia y el Código Penal prohíben y sancionan el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales. Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario prohíbe el reclutamiento de los menores de 15 años en los conflictos armados, tipificado por el Tratado de Roma como un crimen de guerra no susceptible de amnistía e indulto. Y los Protocoles adicionales al Convenio de Ginebra regulan los principios rectores y la conducción de las hostilidades en los conflictos armados de carácter internacional o interno, que atañen al objetivo militar, al concepto de ventaja militar y a los principios de distinción y de proporcionalidad en el ataque. Todos ellos fueron debidamente observados por las Fuerzas Mllitares.

El principio de distinción obliga a las partes a diferenciar siempre entre población civil y combatientes y a no dirigir ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades. El reclutamiento de menores conlleva el constreñimiento a la víctima para participar activamente en las hostilidades y la convierte en objetivo militar, como que su baja, neutralización total o parcial, o captura, ofrece una ventaja militar definida. Son objetivos militares legítimos las posiciones que alberguen combatientes, sus materiales y armamentos, medios de transporte y comunicaciones militares. Hubo proporcionalidad en el ataque porque no hubo muertos ni heridos entre la población civil, ni daños a bienes civiles que hicieran excesiva la ventaja militar concreta y directa prevista.

Toda la algarabía que se ha nuevamente desplegado apunta maliciosa y simultáneamente a acrecentar el oprobioso reclutamiento de menores con la finalidad de levantar escudos humanos que impidan las acciones militares de la fuerza pública. Constituye la más atroz y vituperable estrategia de los delincuentes para proteger sus vidas y acciones violentas, mediante el sacrifico de vidas inocentes, sea por canalla ajusticiamiento o por su conversión en carne de cañón.  La inmensa mayoría ni siquiera alcanzará a conocer el triste destino de “Gabino” y del mismo “Gentil Duarte” reclutados cuando niños y hoy avezados criminales protegidos por una cohorte de antiguos subversivos o sus cómplices, que ahora pretenden fungir como los adalides de los derechos humanos y de la democracia.

El ministro Molano ha dado muestras dicientes de su carácter y determinación que alimentan la confianza ciudadana en la posibilidad de lograr una paz hoy inconclusa, pero no inalcanzable.