Es una plaga, la peor. No hay mucho más que decir. Lo que se roban los corruptos es mucho más que el valor monetario del contrato: Es el tiempo, el retraso y una sociedad que no construye lo público. La corrupción destruye el sentido de la existencia del Estado. Desvirtúa las ventajas de vivir en sociedad. Daña la confianza entre los nacionales. 

Su remedio debe ir al fondo del asunto y no a las alusiones populistas de la lucha anticorrupción o nuevas reformas legislativas. Eso es lo típico, sobretodo en vísperas electorales. Ánimos encendidos, indignación y recriminaciones que no resuelven el asunto.

La cuestión requiere observar 

¿Qué pasa en Colombia para que los funcionarios públicos  y los contratistas privilegien su propio beneficio,  sin remordimientos,  frente al daño social que se causa? Sobre todo cuando todos ellos también se afectan con las obras que no se construyen; ellos viven en esa sociedad que se rezaga.

No tener un sueño colectivo, una identidad nacional y amor propio como nación, que nos inspiren por encima de lo individual, puede ser parte del problema. La cuestión no es menor. Habla del poco amor a los otros colombianos, y de la fragmentación social. Habla de una escala de valores que privilegia lo privado y familiar, sobre lo público.

Algo de la cultura mafiosa del dinero fácil tiene que haber. Algo de no perder una oportunidad de enriquecerse si aparece, no desperdiciar la papaya. Algo de una descentralización que por primera vez le dejó ver a las regiones algo de recursos. Mucho tendrá que ver con la manera como se relacionan el Congreso y el Ejecutivo, y con la manera como se elige. Una sociedad que decide escoger corruptos para que la representen, ha perdido su fe en la acción estatal y por eso prefiere el premio económico inmediato sobre la promesa de ejecución estatal.

Recuperar la confianza en lo público se mueve en la paradoja de que para que creamos que es posible, debe ser posible. Sin embargo, me arriesgo a dos observaciones:

Las normas que buscan concentrar la contratación en grandes contratistas sobre la base de que aquellos son menos corruptos han fracasado. Lo cierto es que esos grandes son igualmente corruptos, y el Estado tiene pocas posibilidades de exigirles, pues aquellos siempre nos ganan en los tribunales. Tal vez explorar esquemas donde miembros de la propia comunidad son responsables, donde los beneficiarios tienen mayor posibilidad de control sobre ellos, puede ser efectivo. Si los refrigerios escolares los provee alguien que pertenece a la comunidad, que es vecina y amiga de todos; si es alguien a quien la comunidad puede reclamarle y exigirle; tal vez ese control social sea más efectivo. Acercar la contratación a los beneficiarios puede abrir espacios de vigilancia ciudadana y control social.

Los privados son tan corruptos como los funcionarios públicos. Hemos visto la lista de los corruptos del sector público y esperamos que se develen los nombres y las investigaciones de las personas del sector privado involucradas. Siempre se queda en la sombra la organización criminal privada. Los escándalos se centran en los funcionarios y de los privados que se quedaron con la plata, que le fallaron a la sociedad no se sabe casi nunca, nada.

La corrupción no depende del Gobierno, es un síntoma social mucho más profundo.