Colombia clama por un cambio sustancial en su organización institucional que le permita al gobierno ejercer sus competencias en todo el territorio nacional y satisfacer las necesidades de sus habitantes. Se siente una creciente insatisfacción con el accionar de la institucionalidad que afecta su legitimidad y el acatamiento de sus decisiones. Los escándalos que sacuden a la Justicia, al Ejecutivo y que se han anidado de tiempo atrás en el Legislativo, están socavando el régimen democrático y requieren respuestas inmediatas y acertadas que devuelvan credibilidad a la acción de los poderes públicos. Ello demanda no solamente diseñar y ejecutar políticas apropiadas, sino también conformar una amplia coalición que asegure gobernabilidad durante los próximos cuatro años.

Por ello, a nadie extraña que sea Iván Duque el que lidere la intención de voto de los ciudadanos. Los índices de aceptación de sus programas y propuestas crecen en cada medición y responden a la voluntad de rescate de las instituciones que anima a la mayoría de los electores. Es el único que logra simbolizar una amplia unidad para que ella se traduzca en las reformas y modernización de la vida nacional. Es el único que no carga con rencores del pasado que ensombrezcan sus propósitos, y por ello el mejor equipado para ejercer la gobernabilidad en un país ansioso de futuro.

A una semana de la primera vuelta se hace evidente la intención de impedir  la victoria del joven candidato. Las recientes declaraciones de Timochenko contra Iván Duque y el expresidente Uribe anuncian la conformación de una coyunda que se encargará de entronizar mendacidad y agresividad en el debate para convertirlo en escenario delictivo, que desate la rabia y la furia de los que se sienten huérfanos del respaldo ciudadano. Lo hicieron con las trapisondas de ñoños y de hackers, y hoy intentan consumarlo para asegurar la continuidad del legado de ocho años de gobierno, repudiado por los colombianos, y afincado en conductas que amenazan  la legitimidad y sostenibilidad de nuestra democracia.

La JEP se suma a ese propósito con su polémica decisión de suspender la extradición de Santrich. Una medida que desborda su competencia y se funda en un protocolo que ella misma arbitrariamente se dio. Actúa sin que haya llegado la solicitud formal de extradición, sin que exista ley procedimental que lo autorice. Con razón el Fiscal General ve amenazadas “la institucionalidad democrática, las competencias del Congreso, la integridad de la jurisdicción ordinaria y la cooperación internacional de lucha contra el delito” La JEP develó su maléfica naturaleza de Tribunal propenso a la venganza hacia unos e impunidad para otros.   

El 27 de mayo les demostraremos que en Colombia “No todo vale”.