Los textos de los proyectos de Actos Legislativos y de Leyes que se están presentados al Congreso develan la sustancia de los acuerdos ocultos entre el Gobierno y las Farc y revelan los propósitos y las metas que se proponen para hacer realidad un nuevo régimen político. Mientras distraen al país en los pormenores de la concentración de las Farc en zonas veredales transitorias y en el espectáculo mediático de un desarme desprovisto de inventario previo que lo haga creíble, avanza en el Congreso el núcleo medular del nuevo orden político convenido subrepticiamente entre Santos y Timochenko.

El pacto simoníaco no tiene como finalidad la satisfacción de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, sino la instauración de un nuevo sistema político diseñado a la medida de las pretensiones ideológicas de los adalides del socialismo del siglo 21. 

Para instaurarlo no sólo elevan a normas constitucionales el texto del acuerdo final, sino que también las convierten en parámetros de interpretación de la Constitución y les otorgan carácter obligatorio para los tres próximos presidentes. Para ese efecto lograron por medio del “fast track” la castración de la capacidad deliberatoria y modificatoria del Congreso en la discusión y aprobación de la normatividad constitucional y legal, y aseguraron la sumisión de la Corte Constitucional en su condición de guardián de la Carta Magna. 

Con el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la  Paz (JEP) impondrán la verdad judicial del conflicto y castigarán a los que no se plieguen a ella, asegurándose además que la verdad histórica sea congruente con la judicial por obra de la identidad ideológica que caracterizará a los miembros del Tribunal para la Paz y de la Comisión de la Verdad. Así será posible la Impunidad para los responsables de crímenes atroces y la elegibilidad política de sus perpetradores, dirigencia del nuevo orden constitucional. Asistimos a la demolición sistemática del Estado de Derecho, y con ello al posible advenimiento de un régimen predatorio de las libertades y garantías que en él se consagran, adormecidos los ciudadanos por los cánticos de una paz tramposa y proterva.

El debate político no debe girar sobre la desmovilización, desarme y reintegración de la guerrillerada, como pretenden Gobierno y Frac, sino sobre los alcances políticos e institucionales de los verdaderos convenios entre ellos. Es una visión de sociedad la que está en disputa, y es el orden democrático el que se encuentra en la mira con el conjunto de libertades, garantías que lo caracterizan; son los fundamentos éticos que lo soportan los que están amenazados. Ese es el verdadero trasfondo de la decisión política del 2018.