“La institucionalidad ha perdido la capacidad de reformarse”

La institucionalidad se encuentra en estado crítico. Este es un sentimiento que ha venido inquietando a los colombianos y que recibió contundente confirmación con el escándalo que hoy afecta a la Rama Judicial. Este nuevo episodio del decaimiento de las instituciones confirma la crisis profunda que las afecta, pero también permite entender sus causas y avizorar las soluciones necesarias.

Desde la promulgación de la Constitución de 91, se han multiplicado las iniciativas dirigidas a alterar principios que sostenían la nueva arquitectura constitucional. El Congreso aprobó 45 modificaciones, unas más sustanciales que otras, pero encaminadas a desmontar distintos pero importantes pilares del ordenamiento constitucional. Por otra parte, la Corte Constitucional fue asumiendo un poder constituyente del que carece, hasta alcanzar su más alto paroxismo en los últimos ocho años, con exabruptos evidentes en sentencias para garantizar la impunidad de los magistrados de las altas cortes, o desnaturalizar el plebiscito y con ello los mecanismos de participación ciudadana, o descomponer los elementos esenciales del concepto de familia, o dar rienda suelta a una dañina permisividad en la interpretación del libre desarrollo de la personalidad. Hoy prohíja el desmonte de la independencia de las Ramas del Poder Público, la irrupción del acuerdo de paz en el texto constitucional y la consagración de sus disposiciones como parámetro obligatorio de interpretación de la Constitución.

La primacía de un Ejecutivo en el ejercicio de su poder frente a un Congreso reducido a un ejercicio notarial o a unas Cortes abnegadas y sacudidas por escándalos que afectan su integridad y credibilidad, constituyen escenario patético en el que se escenifica el derrumbe de la institucionalidad. Por ello, la tensión que presidirá las elecciones del año entrante no se limitará al rechazo de las claudicaciones ante las Farc, o al imperativo combate contra la corrupción, o a las fórmulas para recuperar la economía desfalleciente, o al precario sistema de salud que hoy nos atormenta, sino que se expresará en el más amplio contexto de la reconstrucción de un régimen jurídico y político hoy colapsado.

La institucionalidad ha perdido la capacidad de reformarse. Carece del espíritu, de la voluntad y de los medios para hacerlo. Si queremos conservar el régimen democrático será necesario acudir al constituyente primario. No para limitar su trabajo a la rama judicial, como lo propone la precandidata Viviane Morales, ni convocarlo bajo la presidencia de quien carece de gobernabilidad y autoridad para cambiar lo que él mismo destruyó, sino bajo la responsabilidad del nuevo presidente que tendrá que cumplir con ese obligatorio mandato. Alejandro Ordóñez se ha comprometido con la Constituyente porque comprende su necesidad, resta esperar que los demás aspirantes entiendan que deben sumarse al debate.