En Colombia se encuentra en marcha una política de sustitución de los principios e instituciones de la Carta del 91, que se adelanta metódicamente al amparo de la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP). Con cada reforma constitucional y legal que se aprueba por la vía espuria del fast track, cobran vida principios y herramientas diferentes a los creados por el Constituyente del 91, que configuran un naciente régimen orientado hacia el autoritarismo y la negación de las libertades políticas, sociales y económicas de los colombianos. Por obra de la incorporación de las disposiciones del AFP, elevadas a rango constitucional y consagradas como parámetros obligatorios de interpretación de la Carta Política, tenemos un conjunto de normas constitucionales y legales, desaprobadas por los colombianos, que sin embargo cobran alcances políticos sociales y económicos que afectan la mayoría de los derechos fundamentales consagrados en la moribunda Constitución del 91. Abarcan modificaciones sustanciales a todo el esquema de derechos y deberes, a la organización de la justicia, a la integridad de la familia,  al sistema electoral, al régimen de la propiedad y de la iniciativa privada, al estatuto punitivo del Estado; consagran impunidad y elegibilidad de responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; liberan a las Farc de entregar a los menores víctimas de reclutamiento forzado, de reparar a sus víctimas con la inmensa fortuna adquirida en sus actividades de narcotráfico; modifican los regímenes departamental y municipal para someter la gobernabilidad regional y local a la empoderada voluntad de las organizaciones sociales; intervienen el régimen agrario para convertirlo en el feudo de las Zonas de Reserva Campesina para asegurar la propiedad y uso colectivos de la tierra. Y consagran un cogobierno para blindar la vigencia de las normas del nuevo ordenamiento por un período de 12 años que estiman suficiente para la consolidación del socialismo del siglo XXI.

Ese no es el cambio que los colombianos anhelan frente a la crisis que padecemos. Por ello se hace necesario entender que las próximas elecciones, más allá de escoger un gobernante, serán un escenario decisorio para diseñar una nueva institucionalidad y construir un nuevo régimen político.

Así lo ha entendido Alejandro Ordóñez al comprometerse con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para que los colombianos sean los que levanten la nueva arquitectura de nuestra instituciones y no sea ella producto de un malhadado acuerdo entre un gobierno que entregó en la negociación lo que no había perdido en la batalla.

Ordóñez, al interpretar los anhelos y preocupaciones de los ciudadanos, formula poderosa convocatoria para el fortalecimiento institucional. Esa y no otra será la dimensión de la decisión soberana del pueblo colombiano.