Las últimas semanas hemos estado envueltos en un revuelo por el llamado “pacto de la Picota”. Una temible narrativa donde, a nombre de Petro, el candidato presidencial, se han visitado diversos presos vinculados con la corrupción, delitos de lesa humanidad y narcotráfico buscando apoyos políticos a cambio de rebajas de penas.

No se trata de una discusión en torno a si las penas son muy altas. Ni es una observación a propósito de las asimetrías -por definición injustas- que causó el acuerdo de La Habana frente al tratamiento de los demás ciudadanos. No se trata tampoco de una cuestión filosófica sobre los delitos cometidos. Es un fenómeno bien distinto. Una negociación donde se compromete el poder decisorio del Estado, como un mecanismo para acceder a él. En este caso es voten por mí, apóyenme, y les concederé impunidad y rebajas de penas.

A esto hay que sumarle la oferta de impunidad para el narcotráfico que incluye la creación de una especie de justicia transicional para los grupos ilegales organizados -que no cometen delito político-. Es decir, una negociación como la de las Farc pero con el Clan del Golfo y otros carteles.

Además, la oferta para el ELN de otra negociación, esa con contenido político -pues sostienen que ese grupo además de terrorismo y narcotráfico también tiene agenda política-. Por eso no sorprende que el ELN insinúe su apoyo a Petro. Y todo esto le enciman la promesa ya hecha de la legalización de las drogas.

La primera cuestión es ¿Cuáles son los apoyos que recibirá el candidato? ¿Qué implican estos apoyos?

En el caso de los grupos ilegales -todos- se puede uno imaginar la presión armada sobre la población para el apoyo del candidato, movilización de las poblaciones cocaleras, incluso con recursos infinitos.

¿Cuál es el poder político que se asienta en las cárceles? ¿En qué consiste ese apoyo? No quiero ni imaginarlo.

Lo cierto es que el asunto no es menor. Nos abocamos a una verdadera fiesta de impunidad orquestada con la finalidad de conseguir apoyos políticos.

Para los colombianos en términos generales significa que se deroga el código penal para grupos de crimen organizado. Se diría que es una forma eficiente de acabar el crimen organizado. Al parecer solo irán a la cárcel los ciudadanos que cometen delitos de manera individual o que no alcanzan figuración nacional por sus crímenes. Tal vez, también para ellos venga la impunidad.

Es un camino errado. Nuestra justicia es muy injusta: por lo selectiva, lo arbitraria, por lo ineficiente; pero el remedio no puede ser eliminarla.

La justicia es el valor fundante del Estado de Derecho y su ejercicio es fuente de legitimación del Estado. Una justicia eficiente permite la convivencia pacífica porque elimina la práctica de la justicia por la propia mano, permite que los problemas sociales se solucionen de manera oportuna y pacífica. Establece el castigo para reparar las ofensas y abre espacios para el perdón humano y la reconciliación social.

Conviene que los colombianos paremos un poco su fanatismo político y reflexionemos en torno a cómo es el país que queremos construir. Seguimos sumidos en el discurso de la izquierda que siempre tiene una razón para excusar el crimen. El delito político ha servido para limpiar asesinatos, secuestros, torturas… hoy ganar las elecciones los lleva a extender la oferta de impunidad hasta mucho más allá, hasta los corruptos más corruptos.