Los más recientes acontecimientos relacionados con la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, son de extrema gravedad -ello es inocultable- en cualquiera de las varias hipótesis que se han venido tejiendo sobre la realidad y los cerebros que han configurado o propiciado tan vergonzosos episodios.
Lo acontecido muestra que, tras la flagrancia que se aprecia en el video que distribuyó la Fiscalía General de la Nación, hay algo mucho más profundo y penoso. Y tenemos la sensación de que estamos apenas ante “la punta del iceberg”. Resulta ostensible que -venga de donde viniere- en todo esto hay un alto grado de corrupción respecto al cual deben actuar el Estado y sus autoridades, de modo que no se perpetúe la impunidad.
Igualmente es claro que no estábamos descaminados quienes formulábamos observaciones acerca de la improvisación en que insistieron Gobierno y Congreso cuando se puso en vigencia el procedimiento legislativo abreviado “Fast track”; cuando se dictaron las normas que implementaron el proceso de paz; cuando fueron proferidos confusos fallos de la Corte Constitucional al respecto; cuando se dio posesión a los magistrados de la JEP sin normas procesales y sin que hubiera sido expedida la ley estatutaria, indispensable para su organización; cuando se improvisó en la designación de los funcionarios de la JEP; cuando pasaron inadvertidas las denuncias acerca de su excesiva burocracia; cuando se estableció que sería la JEP la encargada de resolver sobre la fecha de los hechos delictivos ante solicitudes de extradición de los ex guerrilleros; cuando la JEP ha demorado tanto su decisión en la materia en el caso de alias “Jesús Santrich”; cuando inexplicablemente se perdió la carta rogatoria enviada a los Estados Unidos acerca de ese caso.
Ahora resulta que, según la Fiscalía, se cometió el delito de cohecho con participación de un Fiscal de la JEP y de un ex senador, para evitar la extradición de quien fuera guerrillero y negociador del proceso de paz de La Habana.
Toda una serie de equivocaciones del Estado, complementadas ahora por la comisión de graves delitos, con extraños protagonistas, a lo cual se agrega que no se sabe si finalmente el proyecto de ley estatutaria para la JEP será objetado o sancionado. Confusión y caos, que era precisamente a lo que nos referíamos en nuestro libro “Las dos caras del proceso de paz”.
Hay muchas inquietudes sobre el tema. Las investigaciones deben ser adelantadas con prontitud. Se debe establecer -porque no se ha dicho- quién o quiénes pagaban los dineros al Fiscal de la JEP; de dónde provenían; si en realidad eso tenía relación con el caso Santrich -quien acaba de negar toda conexión con tan oscuro asunto-; quién nombró y quién recomendó al Fiscal delincuente; cuál era el grado de influjo de este Fiscal en la decisión sobre extradición; si hay otros funcionarios o magistrados de la JEP tras las ilícitas actuaciones de su Fiscal...O si se equivoca la Fiscalía General y el móvil del cohecho es otro. O si, como dicen algunos –sería inconcebible y no lo creemos-, se trata de una maniobra contra la JEP o de un falso positivo de la Fiscalía General.
En fin: confusión y caos. Necesitamos claridad. No investigaciones exhaustivas que jamás culminan.