El sistema educativo enfrenta desafíos históricos que demandan soluciones estructurales y a la vez innovadoras. La Ley Estatutaria de Educación, en trámite, propone una serie de reformas que, de implementarse adecuadamente, pueden transformar significativamente la calidad de la educación en el país.

Las disparidades regionales, y entre la educación privada y pública, la baja calidad educativa en diversas zonas, principalmente entre la periferia y el centro, la ausencia de un sistema de formación constante para los maestros, y la falta de recursos para garantizar una educación inclusiva son temas que hacen parte de la gran brecha educativa para millones de niñas y niños en el país.

La apuesta, a través de la nueva Ley Estatutaria de Educación en Colombia, puede ser clave para la urgente acción que asegure una educación de calidad y equitativa. La necesidad de reforzar el derecho a una educación gratuita para todos los niños y jóvenes, es esencial para reducir las desigualdades socioeconómicas. En las zonas rurales, la propuesta puede mejorar la capacitación, los modelos pedagógicos, la infraestructura y los recursos asignados, equilibrando las oportunidades educativas para todos.

También, la dignificación del rol docente es fundamental a través de mejorar la formación continua de los profesores, sus condiciones laborales y de bienestar.  Comprendemos todos, que los maestros son el pilar del sistema educativo.

La incorporación de tecnologías digitales en la educación es crucial en la actualidad. Los estudiantes deben tener acceso a herramientas tecnológicas que potencien el aprendizaje y los preparen para los desafíos actuales de la humanidad.

La participación activa de las comunidades es esencial para la gestión educativa. El compromiso de los padres siempre ha sido una necesidad, pero más ahora en la post pandemia en donde la triada: padres, escuela y comunidad es fundamental como red de apoyo ante la vulnerabilidad emocional y de salud mental de niñas y niños. Adicionalmente, la participación de padres, estudiantes y organizaciones locales, promueve que las decisiones educativas reflejen las necesidades y contextos específicos de cada comunidad, promoviendo consensos en quienes piensan igual o diferente, pero proponiendo para el bien común, la transparencia en la administración de recursos educativos para evitar la corrupción y el mal uso de fondos.

Los cuerpos colegiados y órganos de gobiernos tanto de las universidades públicas y privadas, como en las instituciones educativas, deben jugar un rol de imparcialidad, sin sesgo ideológico, en una construcción democrática para el sistema, dentro de la gestión y desarrollo de las distintas instituciones.

La aprobación y posterior implementación efectiva de la reforma, puede traer el impacto transformador que necesita el sistema educativo colombiano. Un acceso más equitativo a la educación de calidad para contribuir a una sociedad más desarrollada para todos.

La educación debe ser una realidad accesible para todos los niños y niñas, especialmente aquellos que actualmente están fuera del sistema debido a su vulnerabilidad, ubicación geográfica, origen étnico o situación de restablecimiento de derechos. El sistema educativo actual no garantiza sus derechos, ya que se centra en la institucionalidad y no en las necesidades individuales de los estudiantes. Esta falta de flexibilidad impide que muchos niños y niñas reciban la educación que merecen, evidenciando la urgencia de un enfoque más inclusivo y centrado en el alumno.

Ahora bien, estos cambios tendrán desafíos en la implementación. La definición de procesos, la aplicación por parte de las entidades territoriales, la asignación de recursos financieros y humanos serán la clave para llevar la ley a la realidad. El gobierno actual, y los siguientes, deberán asegurar que las inversiones, acciones y la buena gestión, lleguen efectivamente a todas las regiones, y que las políticas no queden solo en el papel.