Finalmente se consumó con el golpe de estado propinado por el Poder Ejecutivo y el Judicial al Legislativo la ruptura definitiva del orden constitucional en Venezuela. Culmina así un proceso continuado de despojo de las competencias de la Asamblea Nacional por los otros dos poderes del Estado que se perpetró con la indiferencia de los Estados Miembros de la OEA. El resultado es la instauración de una dictadura con visos de tiranía que buscará por todos los medios conservar el poder para no responder por sus delitos, aún a costa de la vida de los venezolanos amenazada por la violación permanente de sus derechos humanos más fundamentales, y así tenga que cometer el genocidio de su población acosada por el hambre, la enfermedad y la pérdida de la libertad y de la seguridad ciudadanas.
La OEA, en 1992 supo intervenir para evitar la ruptura del régimen democrático que pretendió realizar, en el Perú, Fujimori con el golpe de estado propinado por el Poder Ejecutivo al Legislativo y al Judicial. Fundada en las Resoluciones de la Asamblea General sobre la defensa de la democracia en el hemisferio, logró el cumplimiento de una agenda para la recuperación de la democracia que incluyó la elección de un Congreso Constituyente, la realización de comicios municipales y del Referendo Constitucional que le dio vida a la nueva Carta Política del país, todo bajo la supervisión permanente de la Organización.
Hoy la OEA debe aplicar los artículos de la Carta Democrática que permiten la realización de gestiones diplomáticas para la normalización de la democracia. Si resultaren infructuosas, darían paso a la suspensión de Venezuela de la Organización y a su aislamiento continental e internacional. Los hechos han dado la razón al Secretario General Almagro, y los gobiernos del hemisferio tienen que entender que persistir en la inacción abriría la puerta a nuevas experiencias totalitarias que pondrían en inminente peligro la conservación de la paz en el hemisferio. La OEA se juega su supervivencia, las naciones americanas la estabilidad institucional, el desarrollo social y la paz hemisférica, y el hermano pueblo venezolano la vida.
Los colombianos dudamos de la voluntad presidencial de apoyar al pueblo venezolano en el rescate de su democracia porque aquí también se desconoció la voluntad popular y se sometió a los Poderes Legislativo y Judicial a la voluntad omnímoda del Ejecutivo. Ojalá el Presidente no sume a sus dificultades políticas y a sus desaciertos en el pleito con Nicaragua, la incapacidad de comprender el peligro que representa para la paz un régimen despótico y delincuente en Venezuela. Esa sería su mayor responsabilidad histórica.