Llevamos escasos cuatro meses del gobierno Petro y hemos criticado varias cosas, porque han sido tantas, que muchas otras se pierden. No porque sean menos importantes, sino porque han sido demasiadas.
Petro es recordado en su paso por Bogotá por la cantidad de contratos de prestación de servicios que creó para sus electores. Es una promesa política que le garantiza fidelidad de los contratados en el futuro: puestos a cambio de respaldo político.
En 2022 los gastos de personal de los 1´351.835 funcionarios públicos nos costaron 1,5 billones de pesos. Para 2023, el gobierno Petro proyecta aumentar en un 156% los gastos de personal, quedaremos gastando 3,8 billones de pesos en el personal del Estado Central. No sabemos con certeza el número de funcionarios, pero podrían ser un par de millones de nuevos funcionarios.
La adición presupuestal está hoy a disposición del Ministerio de Hacienda. Después de posesionado Petro el aumento presupuestal fue de 4,6 billones. Los gastos en personal del ministerio fueron 69 mil millones de pesos en 2022. Para el año 2023 serán de 2,2 billones.
El Ministerio de la Igualdad, creado por el gobierno este mes, no tiene cálculo sobre su costo ni número aproximado de cargos que se crearán. Sin embargo, el presidente tendrá facultades extraordinarias para restructurar entidades del Estado y crear nuevos cargos.
Durante estos cuatro meses también le aprobaron 8 mil cargos nuevos a la Fiscalía que costarán 1.1 billones. La ampliación burocrática de la Dian con otros 6 mil cargos, y otros 6 mil para ‘Concha’ Baracaldo en el ICBF.
Los mansos gestores de paz que serán 100 mil jóvenes, se les pagaría 1 millón de pesos mensual, suman 1,2 billoncitos más. Y otros jóvenes que recibirán lo mismo son los del servicio social para la paz (adicional al servicio militar).
Pero no contentos con esto, viene lo gordo, toda una nueva jurisdicción. Con altos magistrados y sus magistrados auxiliares, y magistrados de tribunal y jueces, que en dicha nombrarán también los del Pacto Histórico. No se sabe todavía el costo de la Jurisdicción Agraria y tampoco hay claridad sobre sus funciones y alcance, pero también vía facultades extraordinarias crearán esta nómina. Y claro nos quedan pendientes los nuevos cargos de la Registraduría -cuyo costo y diseño institucional todavía es sombrío-.
Frescos y apetitosos frascos de mermelada por repartir. Las peligrosas reformas del próximo año -salud, laboral, pensional y Plan Nacional de Desarrollo- se moverán con este sabor burocrático. No hay que creer en las peleas de los partidos con el gobierno, todos están pendientes de los regalos decembrinos.
El asunto no es menor; estamos hablando de puestos para que los políticos mantengan a su vez su fidelidad política. Esta es la esencia de todo lo malo que tiene la política colombiana y sobretodo debilita nuestra democracia.
En un país con tantas necesidades debería estimularse el sector privado, generar crecimiento y que el ciudadano obtenga empleos en el sector privado. Ese ciudadano es más libre y tiene mayor capacidad de exigir a los políticos. El empleado público termina esclavizado al político que le provee el empleo o el contrato.
Pero el Presidente Petro tiene muy claro que con esos puestos compra políticos y compra electores. Es una navidad donde van a poder repartir puestos a manos llenas. Triste para nuestra democracia: el sector productivo debilitado por los altos impuestos, con los que pretenden comprar sus apoyos políticos. Así estamos.