El tiempo se encarga de señalar el verdadero alcance de los hechos y sucesos que marcan la historia de los pueblos; cinco años es muy poco para medir los efectos de algo tan trascendente como un Acuerdo de Paz, sin embargo, ya es posible mirar algunos datos que nos indican que tanto se ha logrado a partir de los acuerdos que la pasada semana cumplieron cinco años de su firma.

Se dice que con los mencionados acuerdos se desmovilizaron 13.200 guerrilleros de las Farc, de los cuales 4.500 volvieron o nunca se fueron de sus anteriores actividades, y son disidencias. Además, hay unos 5.000 en otras agrupaciones criminales, es decir, tenemos hoy prácticamente los mismos alzados en armas de hace cinco años.

En el año 2012 teníamos sembradas de coca 46.000 hectáreas, hoy tenemos 140.000, lo que indica que el proceso de paz, en lugar de terminar con los cultivos ilícitos, los incentivó. Lo anterior demuestra en forma clara, que la real motivación de los grupos alzados en armas en Colombia, en las últimas décadas y ahora, es el negocio del narcotráfico y no la lucha por el poder político. Todas las disidencias y los grupos aledaños, siguen tras ese turbio mercado al cual se vincula la muerte de lideres de lado y lado; y es el pretexto para acusar al Gobierno de no estar cumpliendo con los acuerdos.

En lo tocante al costo financiero que han traído los acuerdos, se dice que el actual Gobierno ha invertido treinta y tres billones de pesos en su implementación y que en quince años le van a costar al erario público la muy considerable suma de 129 billones de pesos. La mera JEP, exigida por las Farc en el componente de justicia de los acuerdos, le ha costado al país más de un billón de pesos y hasta el momento no le conocemos ninguna sentencia; si acaso, dos autos interlocutorios importantes. Sin embargo, ha servido para fomentar vanidades al punto de poner como ejemplo de justicia transicional este Tribunal, que no produce jurisprudencia y resulta como una de las instituciones con mejor imagen en el país. Ironías de la vida.

Con los trámites y procesos de restitución de tierras se han visto cosas aberrantes, con víctimas inventadas, que aparecen a reclamar en procesos de única instancia, donde se invierte la presunción de buena fe y se convierten en instrumento para violentar el derecho de propiedad.

En lo político, llenamos el Congreso de curules no representativas de la sociedad, tratando de abrir espacios políticos a un problema que no era político, sino de coca.

Lo peor del inventario lo llevan las víctimas, que no han conocido la verdad ni han sido reparadas.  Se ve a la comisión preocupada por hablar con los Rodriguez Orejuela, que sabrán del proceso ocho mil, pero que nada pueden aportar a la verdad de este proceso.

Como advertimos, cinco años es un plazo muy prematuro; pero se puede decir, que, en esta conmemoración, todavía en Colombia no hay paz, ni verdad, ni justicia, ni reparación.  Esperemos poder observar mejor balance en el futuro.