“Es una tarea fundamental para la reconciliación”
La decisión inhibitoria de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre las insólitas pretensiones del presidente de la Cámara, zanjó la controversia suscitada por la izquierda y los santistas sobre la potestad presidencial para objetar leyes estatutarias por razones de inconveniencia. Asimismo, desechó los argumentos que el magistrado encargado de elaborar ponencia había divulgado ampliamente en los medios, adoptando la nefanda actitud en boga en otras corporaciones de difundir proyectos de decisión y otras piezas procesales, en contravía de la ley y de la ética que debe prevalecer en las Altas Cortes, y por supuesto en todo el sistema judicial. Conducta de la que hasta ahora se había salvado la Corte Constitucional.
Las objeciones presidenciales son necesarias y contribuyen a satisfacer los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Por ello, se han convertido en un debate político en el que abundan toda clase de falacias para ocultar la verdadera naturaleza de la JEP, que se revela sin embargo en cada una de sus actuaciones, las que no atañen propiamente a decisiones judiciales de sus competencias, que aún no se conocen, sino a circunstancias bochornosas que causan preocupación y repudio. Espuria, pues fue creada por las Farc para beneficio de su cúpula, en el año de funcionamiento se ha especializado en actitudes y actividades vergonzosas que han escandalizado a los colombianos. Las pugnas en su interior por adueñarse de la extensa nómina, se complementaron con los permisos concedidos a los responsables de delitos de lesa humanidad para vacacionar en islas del Caribe, y se agudizaron con el inaudito carrusel de contratación que llegó a extremos de contratar a los defensores de las personas sometidas a su jurisdicción. Una piñata hasta ahora sin antecedentes en la administración de justicia en Colombia.
Y, si a ello, se agregan sus mal disimulados esfuerzos por favorecer a “Santrich” y los interrogantes y enfrentamientos internos que se suscitan por hechos judicializados recientemente por la Fiscalía General, el resultado ha sido la perdida acelerada de legitimad. Por lo demás, valdría la pena que la Contraloría realizara una auditoria a la ejecución presupuestal de esta entidad en camino prematuro a su descomposición.
El Congreso debe asumir con responsabilidad su examen de las objeciones presidenciales. Sus deliberaciones deben propiciar acuerdos que fortalezcan la aplicación de la Justicia Transicional y con ello recobrar la legitimidad del órgano encargado de administrarla. La reingeniería de la JEP y de sus procedimientos es hoy tarea fundamental para la paz y la reconciliación, y debe ser fruto del más amplio consenso posible para que irradie la totalidad de las instituciones del sistema. Sin ello no tendrá legitimidad y no responderá al anhelo de paz de los colombianos